Minería criminal infiltra y reconfigura el juego político

El pasado 9 de mayo, 11 militares del Ejército de Ecuador fueron emboscados y asesinados con granadas, explosivos y fusiles en el sector Alto Punino, entre las provincias de Napo y Orellana, en la frontera con Colombia. Los soldados —80 en total— llegaron en helicópteros para una intervención contra la creciente minería ilegal. Se ha señalado a los Comandos de Frontera (una de las "disidencias" de las FARC colombianas. Otras también cruzan la frontera peruana en Loreto agrediendo a las comunidades nativas) como los atacantes. Estos buscan el control total del narcotráfico y la extracción ilegal del oro en alianza con Los Lobos (grupo criminal ecuatoriano con cierta presencia en territorio peruano junto a Los Choneros y Los Tiguerones). La narcoguerrilla ELN de Colombia también disputa dominio en la zona.

Los hechos establecen que la ilegal minería agarró auge en Ecuador a partir de 2019. No hay cifras oficiales y públicas del número total de víctimas; pero hay registro de 5 civiles y 11 soldados muertos en los últimos ocho meses.

Como es conocido, las redes de minería ilegal (enganchadas ya a las redes de narcotráfico y la narcopolítica) operan en Ecuador con fines económicos. Hay, sin embargo, información y evidencia de que también lo hacen con fines políticos o influyendo en la dinámica política interna. Vemos entonces a criminales organizados y grupos armados atacando abiertamente a civiles y miembros de las fuerzas de seguridad vía métodos terroristas en el ámbito minero, o lo que podríamos llamar como mineterrorismo desplegándose en paralelo al narcoterrorismo; dos letales fenómenos que van superponiendo a la violencia criminal con la violencia política.

¿Qué es el mineterrorismo?

Este es un término útil (la palabra minería proviene en parte del francés "mine", este del galo "meina" que se origina del celta primitivo "mein", que significa "oro" o "mineral") para diferenciar la violencia desatada por el conocido narcoterrorismo que opera en el tráfico de drogas. Podríamos definirlo como una forma de violencia criminal impulsada por fines de lucro y de intereses vinculados a la minería ilícita aplicando tácticas terroristas. No obstante, persiguiendo sus objetivos también puede manifestarse a través de la infiltración y manipulación de actores, autoridades y organizaciones políticas y sociales. En su extremo, llega a alimentar gradual y calculadamente la violencia con objetivos políticos que se alineen a la búsqueda de ganancias y les aseguren impunidad y hasta control de espacios de poder.

Algunas de sus características en breve. Violencia y coerción: los mineros ilegales recurren a la violencia aplicada y la intimidación para controlar territorios, eliminar opositores y asegurar la continuidad de sus actividades. Subcontratación política: de manera directa o indirecta van "comprando" políticos y autoridades civiles (presidentes, ministros, congresistas, gobernadores regionales, alcaldes, regidores, jueces, fiscales…), militares y policiales en pro de sus intereses, corrompiendo y frenando la fiscalización del Estado. Desestabilización institucional: buscan debilitar las instituciones democráticas y la gobernabilidad, generando caos y desconfianza en el principio legítimo de autoridad. Instrumentalización social: utiliza a comunidades locales y organizaciones sociales como escudos o instrumentos de presión, presentando la minería ilegal como una fuente de trabajo y desarrollo, cuando en realidad fomenta la criminalidad y la corrupción.

Diferenciar a mineterroristas de narcoterroristas que nutren las economías ilícitas es importante, sobre todo en contextos —como el peruano— donde los dineros generados por la minería ilegal sobrepasan a los producidos por el narcotráfico.

El sicariato político como extensión del mineterrorismo

Anotamos en este espacio (ver: "Los Sicarios se suman a los conflictos mineros". M. Lagos 12/6/2022. Expreso) cómo desde hace 10 años la inteligencia y la acción policial en Perú permitió ir considerando un factor potencialmente protagonista en las tensiones que rodean a la actividad minera: el sicariato o asesinato por encargo. En 2015, por ejemplo, sicarios de la banda "Los Pativilcanos" mataron en Huarmey (Ancash) a un minero informal en un "acto de venganza por un conflicto minero". En 2021 se atrapó en viaje de Arequipa a Lima a una docena de individuos fuertemente armados que daban protección a mineros ilegales. Hay más en el registro, incluyendo la matanza de 15 personas perpetrada por sicarios en Atico (Arequipa) en 2022.

El mineterrorismo también puede apostar por el sicariato de efectos políticos (ver: "Mineros ilegales y sicariato político subcontratado". M. Lagos 22/2/2025. Expreso). Las mafias o los cárteles de la minería ilegal no solo usan la violencia directa, sino que también contratan sicarios para eliminar a opositores políticos y sociales que amenazan el negocio. Este sicariato político es una extensión del mineterrorismo, ya que implica el asesinato selectivo y la intimidación dirigida contra incómodos políticos o candidatos, autoridades o líderes sociales (incluyendo a dirigentes nativos y defensores ambientales. Ver a propósito: "Autodefensa legítima: nativos wampís enfrentan a madereros ilegales y sicarios". M. Lagos 22/6/2022. Expreso) que se oponen a la minería criminal.

En resumen, los mineterroristas crean amenazas complejas que llegan a combinar progresivamente delincuencia organizado, violencia física en el terreno y hasta manipulación para el control del poder político arrancando desde el nivel local. Las consecuencias son graves para la legalidad, el medio ambiente y la estabilidad democrática contaminando los procesos políticos y electorales. 

Narcoterroristas colaboran con mineterroristas

La minería criminal o destructiva es, entonces, un tipo de violencia que se enfoca en la explotación de recursos naturales, siendo quizá menos sistemático en sus acciones terroristas que el narcoterrorismo. Ello no debe descartar que ambos interactúen o establezcan relaciones de cooperación y hasta de fusiones efectivas. Son, por supuesto, amenazas a la seguridad nacional e internacional de las democracias liberales.

En Perú hemos tenido años de experiencia con el llamado narcoterrorismo. Hoy sigue dándose con cierto grado en el VRAEM (remanentes senderistas de los Quispe Palomino y asociados). En Colombia hay un largo historial narcoterrorista desde la época de Pablo Escobar y continúa con fuerza vía la "guerrilla" ELN, las "disidencias" de las FARC y el Clan del Golfo (el Catatumbo es otro epicentro de este fenómeno). La pregunta general es si el mineterrorismo coopera con el narcoterrorismo. Y hay múltiple evidencia de que es así en esta parte del continente. Lavan dineros mutuos una vez capturados los territorios y socavones de extracción del oro. Cuando no se enfrentan o dejan de disputarse el negocio, narcos y mineros ilegales crean redes delictivas y hasta pueden usar las mismas cadenas logísticas o de suministros y de distribución ilegales (otras economías ilícitas como la tala de madera, la pesca ilegal, la trata de personas, los traficantes de tierras e insumos, etc… suelen conectarse a estas redes).

Hay que volver a decir que los contextos empeoran cuando las estructuras criminales y las estructuras extremistas políticas (conectadas además a "partidos políticos" legales) van trenzándose en sus medios y objetivos, como de cierta forma ha sucedido en Ecuador con los ataques mortales contra candidatos y políticos. Como se ha advertido de tiempo atrás, nada impide escenarios similares o de riesgos mayores en suelo peruano, chileno e incluso argentino.

El reciente y brutal asesinato de 13 trabajadores civiles en un socavón de Pataz, en Perú, es otro acto del mineterrorismo en proceso de incubación. En Ecuador ha dado, sin escrúpulos, un paso más atacando abierta y directamente —a punta de explosiones, granadas y disparos— a las fuerzas militares en el terreno.