Medidas radicales, ¡ya!
Con la voladura de la sede del Ministerio Público en Trujillo y la espiral de violencia que envuelve al país, hemos llegado al punto de inflexión en la inseguridad ciudadana. Se requiere de medidas radicales tal como predica el congresista Fernando Rospigliosi.
Legalmente se dispone ya prácticamente de todas las normas imprescindibles para combatir el crimen organizado. La Policía acaba de ser empoderada en el uso de sus armas de reglamento y la discusión de una nueva ley sobre “terrorismo urbano” es ociosa. El terrorismo lo vivimos en ciudades y en el campo, desde Lima y Trujillo hasta Pataz. De modo que añadir el adjetivo “urbano” a esas acciones es impreciso e innecesario. Terrorismo es terrorismo donde quiera que se practique y como tal debe ser combatido. Pero claro, se requiere estrategia, inteligencia, equipos, armas y, sobre todo, autoridad política y liderazgo real.
Hasta hoy las declaratorias de emergencia tienen un resultado magro. Definitivamente el recurso al apoyo militar es casi decorativo si no se permite que los efectivos realmente hagan intervenciones directas. La inteligencia funciona relativamente pero no tiene los equipos vitales para anticipar las acciones criminales. Y es absolutamente censurable que varios meses después de haber asumido la cartera de Interior el ministro Santiváñez recién reconozca que la PNP carece de equipamiento adecuado porque no se sabe comprar o porque las licitaciones son bloqueadas por la mafia de los concursantes perdedores; y eso pese a que, según declaración propia, solo en Lima actúan unas 200 organizaciones criminales. Además el triunfalismo del gobierno, comparándonos con México y sosteniendo en Davos que vivimos en el mejor de los mundos es estúpido, mientras el Sinadef confirma que día tras días se multiplican los asesinatos.
Lo que se requiere es crear una Dirección de Seguridad Nacional que entienda que al amenaza del crimen transnacional –como mezcla de minería ilegal, narcotráfico y complot comunista– es contra la soberanía interna del Perú; que la conducción pase al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; que se declare el estado de excepción generalizado; que se denuncie nuestra pertenencia a la Corte IDH; que se restablezcan jueces y fiscales sin rostro; que se construyan más prisiones; que se ponga en orden a la fiscalía; y que se revalúe el concepto mismo sobre cual debe ser la protección de los derechos humanos para los criminales. Enfrentamos una situación límite y esperar el cambio del 2026 será demasiado tarde.
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