Maternidad subrogada: la nueva trata de personas del siglo XXI

Los congresistas Kira Alcarraz y Guido Bellido, de la bancada de Podemos Perú, han presentado los proyectos de ley 06396/2023-CR y 10562/2024-CR, respectivamente, que buscan legalizar los vientres de alquiler (maternidad subrogada) en nuestro país. El debate del predictamen ha sido recientemente postergado en la Comisión de Salud, y es necesario exponer todos los derechos e instituciones fundamentales que esta propuesta vulnera.
Primero, cabe resaltar que oponerse a esta iniciativa legislativa no significa estar en contra de las técnicas de reproducción asistida (TERAS); recordemos que el artículo 7 de la Ley General de Salud las permite, siempre y cuando la madre genética y la madre gestante sean la misma persona. Lo que aquí se cuestiona es el uso de una situación dolorosa —como la infertilidad— para vulnerar abruptamente nuestro marco constitucional y legal.
Y es que la figura del vientre de alquiler —al cosificar a la mujer y tratar a los niños como mercancía— transgrede derechos e instituciones constitucionales esenciales como el derecho a la vida, a la familia, a la identidad del niño y a la dignidad humana. La “Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos” reconoce a la dignidad humana como principio rector en genética y biomedicina, precisando que el genoma humano es la base de la unidad de la familia humana y del respeto a la dignidad intrínseca de cada individuo.
En ese sentido, la mal llamada “gestación voluntaria” o “gestación por sustitución” —que no es otra cosa que vientres de alquiler— transgrede abiertamente la dignidad de la mujer, al reducirla a un medio para satisfacer los deseos de otros, máxime si se trata de una mujer de escasos recursos, proclive a aceptar estos ofrecimientos por necesidad económica.
Otro perjuicio insoslayable es el riesgo para la salud física y mental de la gestante, tales como: complicaciones médicas (partos prematuros, cesáreas, embarazos múltiples); impacto emocional al entregar al bebé (duelo, trauma o arrepentimiento); conflictos de identidad en el niño por la confusión sobre sus orígenes.
No menos importantes son los problemas éticos como el turismo reproductivo y la posibilidad de rechazo al bebé en casos de malformaciones o enfermedades, en que los padres comitentes tienden al desamparo de la gestante.
Como si esto fuera poco, el texto propone que el SIS cubra los costos. ¿No deberíamos, más bien, priorizar una mayor dotación de medicamentos, infraestructura, camas UCI o atención primaria de salud?
Por todo lo expuesto, la maternidad subrogada debe ser rechazada en el Perú. No permitamos que nuestra legislación convierta a mujeres y niños en objetos de contrato.
¡No a la nueva forma de trata de personas del siglo XXI!

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