Matar o morir

La agresividad del oficialismo para tomar el poder está alcanzando sus picos más elevados. Sus principales representantes ya han aclarado públicamente que ellos ganaron las elecciones, tienen el gobierno pero no el poder. ¿Y qué harían si consiguieran el poder? En mi opinión su objetivo de corto plazo no es otro que parar las investigaciones que está desarrollando la fiscal de la Nación a Pedro Castillo, sus familiares y los comprendidos en los diversos casos de las siete carpetas fiscales. Obviamente luego vendría la Asamblea Constituyente y la Nueva Constitución, lo que no solo no solucionaría nuestros problemas sino que los incrementaría significativamente.

Incluso durante su presentación ante el pleno el 17.11.22, el PCM Torres se dio el lujo de amenazar al Congreso: “No optemos por términos oscuros, ambiguos, como que no es admisible, procedente… Ese rehusamiento se puede dar por cualquier mecanismo, como el de declarar improcedencia, y eso será interpretado como un rehusamiento de lo que planteamos” . En otras palabras se pretende regresar a la “negación fáctica” que utilizó Martín Vizcarra en similar situación pero en un contexto diferente. Obviamente ya hemos pasado la etapa de encontrar un acuerdo con el oficialismo. No solo porque Castillo no tiene ningún propósito de enmienda sino porque la experiencia ha demostrado reiteradamente que incumple sus promesas y no honra su palabra.

Afortunadamente la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya ha aprobado el informe sobre la Denuncia Constitucional contra Pedro Castillo por la fiscal de la Nación. Si además consideramos que la acusación por traición a la patria ya se encuentra en la Comisión Permanente, tendríamos dos vías para retirar a Pedro Castillo de Palacio de Gobierno. Por lo que causó sorpresa que se haya postergado la votación en la Comisión Permanente de esta última. A no ser que lo que se pretenda sea priorizar en esta instancia la votación de la denuncia de la fiscal de la Nación. En todo caso estimamos que la mejor salida a la crisis actual es aquella que siendo constitucional nos permita sacar a Castillo lo más rápidamente de Palacio de Gobierno, evitando de esa manera que siga haciendo daño al país y que el oficialismo siga avanzando en su verdadero plan de gobierno. En todo caso, todo parece indicar que el Congreso suspendería a Castillo antes que este logre cerrar el Congreso. A no ser que lo que pretenda sea un golpe que le permita cerrar el Congreso y destituir a la fiscal de la Nación y a sus principales colaboradores para detener las sólidas investigaciones en curso e impedir que termine con un arresto preventivo que termine con las claras muestras de obstrucción a la justicia de Castillo y su colaboradores. El problema es que para dar un golpe no basta con tener a su favor a un grupo de ronderos y ex reservistas sino a las Fuerzas Armadas, y eso no será posible por las claras muestras de respeto a la Constitución que en diversas oportunidades han ofrecido los comandantes generales de las tres armas. Hemos llegado a un punto en el que la disyuntiva es muy clara: si la oposición no suspende (o inhabilita) a Pedro Castillo a la brevedad posible, el oficialismo disolverá el Congreso.

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