Más sobre el sistema judicial

En anterior artículo titulado “Sistema Judicial, sólo diagnósticos”, criticamos una serie de supuestos intentos para mejorar el Sistema de Justicia en nuestra patria, que salvo el SERIAJUS en la realidad fueron simples acciones de maquillaje, circunscritas a relatar la situación en que se encontraba la Justicia y la supuesta intención de resolver la crisis expresada en interminables procesos llenos de formalidades, aunque no siempre con la meta de obtener justicia.

Algunos exmagistrados amigos, pero sobre todo muy serios, me decían que en la realidad no había existido voluntad política para hacer las reformas que nos llevasen a estar satisfechos con la administración de la justicia en el Perú. Cierto, pero tal voluntad no podía limitarse al Poder Legislativo y al Ejecutivo, sino que debía comprender al propio Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Procuraduría, al Tribunal Constitucional, a la hoy Junta Nacional de Justicia y las instituciones que la precedieron, y otras entidades públicas involucradas con la justicia.

En efecto, el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras entidades vinculadas con la Justicia, tienen iniciativa legislativa en materia jurisdiccional, pueden concurrir a las Comisiones del Congreso a sustentar proyectos y pareceres, incluso pueden salir a la opinión pública, pero no lo hicieron, o por lo menos con la constancia requerida, para obtener la tan ansiada reforma de nuestro Sistema de Justicia.

Durante los treinta años de vigencia de nuestra actual Constitución, el Poder Judicial solo ha ejercido su facultad de iniciativa legislativa con 104 proyectos, o sea un promedio de alguito más de 3 proyectos por año.

El Ministerio Público solo presentó en esas tres décadas 88 proyectos, o sea un promedio de cerca de 3 proyectos por año, y no decimos cuántos se convirtieron en leyes, para no deprimirlos, aunque ninguna de gran relevancia.
Si simplemente hubieran tenido el mismo ahínco que el mostrado para obtener remuneraciones que se aproximen a lo adecuado, otro habría sido el resultado, pero en fin no vale la pena seguir por ese camino, pues no llegaríamos a buen puerto.

Al igual como hemos criticado la falta de afán en obtener la reforma del Sistema de Justicia, debemos resaltar algunos esfuerzos que, aunque inconclusos, ayudan a ella. Por ejemplo, cuando ejerció la Presidencia del Poder Judicial Hugo Sivina, además de su tarea en el SERIAJUS impulsó la conveniencia de tener módulos de justicia, en que en cada uno de sus locales se encontrasen policías, fiscales y jueces, con lo que la investigación, denuncia, acusación y procesamiento por delitos y faltas, sería muchísimo más expeditivo. Lamentablemente como ello requería voluntad de compartir gastos, no fue visto con buenos ojos por las otras entidades que debieron colaborar.
Algunos años después, bajo la presidencia de Enrique J. Mendoza Ramírez en el Poder Judicial, y bajo la idea de que la Justicia debería ir al ciudadano y no que el ciudadano recurra a ella, se desconcentraron los juzgados a diferentes distritos, logrando en gran parte descentralizar la administración de justicia, máxime teniendo en cuenta que no había sido suficiente con la destugurización del Palacio de Justicia y la puesta en marcha del Edificio Alzamora Valdez para la Corte Superior de Lima.

Otro esfuerzo interesante es el de los Juzgados de Flagrancia, en que ha puesto tanto empeño el actual presidente de la Suprema, Javier Arévalo, ya con buenos resultados.

Como advertimos, no todo son deficiencias, también hay algunos esfuerzos de mejora de la situación imperante.

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