¿Más mujeres, mejor representación?
Las mujeres siempre han sido protagonistas del proceso histórico evolutivo de sus derechos y el ámbito político no ha sido la excepción. Desde la celebración de la Convención de los Derechos de las Mujeres en 1848, en el cual se suscribió la “Declaración de Séneca Falls”, las mujeres comenzaron a alzar la voz a para luchar por el ejercicio de sus derechos políticos y así poder votar, ser candidatas en un proceso electoral, ocupar cargos públicos, afiliarse a partidos políticos, entre otros.
América Latina no fue ajena a esta lucha, claro que, con evidentes años de distancia de la realidad europea y norteamericana.
Gracias a destacadas peruanas como María Jesús Alvarado y Aurora Cáceres, se logró impulsar modificaciones importantes en la Constitución de 1933 con la Ley Nº 12391 promulgada el 7 de septiembre de 1955, otorgándole a las mujeres por primera vez, la calidad de ciudadanas con mayoría de edad y alfabetas, incluyéndolas así, en el sufragio universal.
De esta manera, las mujeres comienzan a tener un mayor protagonismo en la vida política de nuestro país, lo cual además promovió el involucramiento de mujeres de organizaciones de base en partidos históricos de aquellos tiempos.
Tras la adopción por el estado peruano de tratados y convenciones orientadas a combatir y eliminar la discriminación contra la mujer, se implementaron medidas de discriminación positiva tales como las cuotas, la paridad y la alternancia en nuestro marco normativo nacional. Si bien, las medidas afirmativas ayudaron a que más peruanas participen en política, la participación sustantiva de las mujeres debe ser la prioridad, es decir, garantizar la presencia efectiva y diversa de grupos femeninos representativos, tanto en ideología como en intereses, algo que los ajustes positivos no pueden garantizar.
La subrepresentación de las mujeres no podrá superarse en tanto sigamos considerándolas como una simple cifra y dejemos de lado lo realmente importante y prioritario: combatir las barreras que impiden nuestra real participación. No existe sanción efectiva de la violencia que sufrimos las mujeres en el ámbito político.
El Observatorio Nacional de Acoso Político es solo una plataforma de alerta que se encarga de remitir los casos al Programa Aurora del MIMP para brindar asistencia a las víctimas, pero no existe un proceso o recurso efectivo que permita sancionarlos debida y oportunamente. Regidoras y consejeras provinciales y regionales son constantemente acosadas, y prefieren callar pues no encuentran justicia en sus mismos partidos ni en las autoridades electorales.
Mientras no se entienda que las medidas afirmativas temporales no son la solución, seguiremos perpetuando las prácticas que excluyen a las mujeres en los proyectos políticos, pues no se apuesta por valorarla por sus ideas y su rol en la comunidad. He tenido la oportunidad de trabajar con mujeres representativas de comunidades, de ollas comunes, de organizaciones sociales, que no llegarán a pisar la arena política si no comenzamos a trabajar con los partidos y movimientos políticos para eliminar los estereotipos y así mejorar la calidad de la representación.
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