Más barcos hoy, menos pota mañana
En las dos últimas décadas, la pesquería artesanal de pota se ha consolidado como una de las principales fuentes de alimento, empleo y divisas para el Perú. Cada año se capturan en promedio alrededor de 500 mil toneladas, que se traducen en 70 millones de kilos de proteína accesible para los hogares, y hasta 860 millones de dólares en exportaciones. Este recurso ha dinamizado la industria de congelados, sostiene a decenas de miles de familias y resulta un extraordinario potencial aliado frente a la crisis alimentaria.
La pota, sin embargo, no es infinita. En 2021, el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), la declaró especie plenamente explotada, lo que significa que cualquier incremento en el esfuerzo de pesca puede comprometer su sostenibilidad. La Ley General de Pesca es clara al respecto: en estas condiciones no se pueden otorgar nuevos permisos. Sostener la biomasa no es un capricho técnico, sino una necesidad vital para garantizar la continuidad de la pesquería, y con ella la estabilidad económica y social de miles de peruanos.
En este escenario, preocupa sobremanera el Proyecto de Ley 12373, que propone reincorporar al proceso de formalización a unas dos mil embarcaciones, que quedaron fuera por no cumplir las etapas previstas en el Decreto Legislativo 1392. Bajo el pretexto de “fortalecer la formalización”, en realidad se busca abrir nuevamente la puerta a naves incapaces de acreditar legalidad en su momento. Esto supone un grave riesgo: más barcos significan más presión sobre un recurso ya tensionado, con consecuencias que no podrán revertirse fácilmente.
La experiencia reciente es elocuente. Hasta 2020, los desembarques mensuales rara vez superaban las 60 mil toneladas, lo que permitía distribuir la cuota a lo largo del año, sin necesidad de disponerse vedas. Sin embargo, en mayo de 2025 se alcanzó un récord de más de 130 mil toneladas. Este ritmo vertiginoso desplomó los precios en playa, desató conflictos sociales y agotó las cuotas de forma abrupta. Un incremento arbitrario de la flota solo agudizaría estas distorsiones, en perjuicio de quienes cumplen la ley, y pondría en jaque a toda la cadena productiva.
El proceso de formalización culminó en 2024 tras casi una década de trabajo, que permitió incorporar legalmente a unas tres mil embarcaciones. Los pescadores artesanales fueron los artífices de este ordenamiento. Pretender ahora revivir a otras dos mil naves que no cumplieron los plazos es no solo un agravio para quienes hicieron el esfuerzo de formalizarse, sino también un retroceso que amenaza con reinstalar el caos. Lo que el país necesita es consolidar lo avanzado, cerrar definitivamente el paso a nuevos barcos ilegales y reforzar la fiscalización contra los astilleros clandestinos que siguen construyendo impunemente.
Una máxima atribuida a Bismarck y difundida también por Winston Churchill lo expresa con claridad: “El político piensa en las próximas elecciones; el estadista, en las próximas generaciones.” Esa es la disyuntiva que hoy enfrenta el Congreso. No se ha de favorecer intereses inmediatos o particulares, sino de salvaguardar el futuro de una de nuestras pesquerías más importantes.
El parlamento, cuya popularidad ya se encuentra mellada por las reiteradas crisis políticas, no debería cometer un nuevo error en las postrimerías de su gestión. Sería un acto de palmaria irresponsabilidad histórica sacrificar la sostenibilidad de la pesca artesanal, en aras de un populismo de corto alcance. Lo que corresponde es asumir la altura de miras de verdaderos estadistas: pensar en el futuro de los peruanos antes que en clientelismos que apunten a los próximos comicios.
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