Maliciosa “reforma política”
Como si no fueran temas propios y urgentes de gobierno combatir la anemia y desnutrición infantil en aumento, reestablecer la desaparecida seguridad ciudadana, retomar la fallida reconstrucción del Norte del país, prevenir la inminencia del friaje altoandino, devolverle calidad de vida a los peruanos que a diario pierden valiosas horas de su vida en trasladarse desde y hacia sus hogares por motivos laborales, etc., el Gobierno insiste en una reforma política que nadie niega sea necesaria, pero que requiere, en tanto tema técnico opinable y no dogmático, un trabajo sereno y responsable.
No le bastó a M. Vizcarra restarle al Perú seis meses de su tiempo y más de un centenar de millones de soles de su presupuesto en el deslucido referéndum de diciembre último, innecesario, pues el Congreso podía haber realizado las reformas convenientes y ahorrado las dañinas como aquella de prohibir la reelección congresal, que los entendidos han criticado unánimemente.
Hoy el Gobierno insiste en doce iniciativas legislativas, las que sin ninguna prudencia pretende se tramiten con carácter de urgente, pese a que algunas se aplicarán incluso para finales del año 2022.
Es evidente que M. Vizcarra y sus operadores apuestan a distraer a la opinión pública generando un clima de tensión con el Congreso, en el que juegan a ganador dada la licencia que el Tribunal Constitucional, lamentablemente, les ha dado para, vía el avisaje y la publicidad estatal, captar el incondicional apoyo de gran parte de los medios de prensa, que pese a ser emprendimientos o negocios privados basan la ganancia de sus inversionistas en el dinero del Estado, mercantilismo puro.
Pero ahí no queda la cosa, los proyectos, sobre todo los cuatro de reforma constitucional, implican blindaje al Poder Ejecutivo y debilitamiento proporcional de las potestades del Congreso. Comenzando por proponer eliminar la vigente causal de vacancia por incapacidad moral del presidente de la República y requerir votación súper calificada de 2/3 para aplicar la vacancia por incapacidad física. Siguiendo por pretender eliminar la inmunidad parlamentaria (que se aplica también a los magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo) haciendo que quien busca –y va a encargarse–de juzgar a los congresistas en ejercicio, es decir, la Corte Suprema, sea la que levante dicha inmunidad. Por último, arrastrando al Congreso a nuevas elecciones cuando se agota la sucesión presidencial.
Todo ello en clara violación del principio de separación de poderes que establece el artículo 43° de la Constitución vigente. Confiamos en que el Congreso se haga respetar.
