Machu Picchu es de todos los peruanos
Escribo estas líneas desde el Cusco, epicentro de un conflicto que afecta directamente a la joya del turismo peruano: Machu Picchu. La disputa por la operación de la ruta Hiram Bingham, que une Aguas Calientes con la Ciudadela Inca, ha puesto nuevamente en evidencia las tensiones entre intereses empresariales, decisiones municipales y la necesidad de preservar la seguridad y la imagen internacional de nuestro patrimonio.
La versión oficial de la Municipalidad Provincial de Urubamba sostiene que el contrato de concesión de Consettur venció el 4 de septiembre de 2025 y que, ante esa caducidad, debía convocarse un nuevo proceso. En efecto, mediante acuerdos de concejo y resoluciones de alcaldía, se conformó un comité especial para llevar adelante una licitación pública. Incluso el 20 de agosto se realizó una reunión informativa abierta con dirigentes locales y sociedad civil para explicar la convocatoria.
Pero los plazos no se cumplieron. El municipio alegó que la emisión de permisos ambientales y observaciones técnicas demoraron el proceso. Y aquí aparece la figura controvertida: el procedimiento no competitivo por causal de desabastecimiento. Se trata de una herramienta prevista en la normativa para situaciones excepcionales, que permite adjudicar de manera directa cuando existe riesgo de interrumpir un servicio esencial. Con el aval del MTC, la municipalidad la aplicó y otorgó a la empresa Inversiones San Antonio de Torontoy S.A. la operación temporal con una flota inicial de 18 buses.
¿Por qué no extenderle el servicio a Consettur mientras se completaba la licitación? La respuesta municipal es política y legal: consideran que el contrato de Consettur había caducado y que cualquier prórroga habría significado validar una operación sin sustento normativo, prolongando lo que denominan un monopolio histórico. Por ello prefirieron dar un golpe de timón, aun a riesgo de generar mayor conflictividad.
Además, en medio de la controversia, surgieron cuestionamientos al servicio prestado por Consettur: se le atribuía operar con una flota de buses antigua, generar largas colas en Aguas Calientes y mantener un esquema considerado monopólico y poco transparente en las tarifas. Aunque la empresa rechazó estas acusaciones, la Municipalidad utilizó dichos señalamientos para sustentar que una eventual prórroga habría significado prolongar deficiencias que ponían en riesgo la calidad del acceso a Machu Picchu. Bajo ese argumento, se invocó la figura del peligro de desabastecimiento para justificar la contratación directa temporal de la empresa Inversiones San Antonio de Torontoy.
El alcalde de Urubamba, Ronald Vera, ha defendido este mecanismo como la vía legítima para devolver a la municipalidad el control de la ruta. Sin embargo, la Contraloría General de la República ha observado que la ordenanza y las normas complementarias se aprobaron sin contar con la opinión técnica previa del MTC, requisito indispensable. Esta observación debilita la validez del proceso y abre la puerta a acciones judiciales.
Más allá de las disputas legales entre Consettur y la Municipalidad, lo cierto es que el conflicto ha causado un enorme daño a todos los peruanos. Turistas nacionales y extranjeros quedaron varados, se han registrado pérdidas millonarias para la economía del Cusco y el prestigio internacional de nuestro principal atractivo cultural se ha visto seriamente afectado. Machu Picchu, símbolo de nuestra identidad, no puede seguir expuesto a intereses particulares y decisiones improvisadas que ponen en riesgo su sostenibilidad.
Lo urgente es que el Estado, a través del MTC, la Contraloría y el Poder Judicial, clarifique de inmediato la legalidad de los actos. Machu Picchu no puede seguir rehén de pugnas empresariales y decisiones municipales improvisadas. Nuestro turismo y nuestro prestigio internacional están en juego.
(*) Presidente de Perú Acción
Presidente del Consejo por la Paz
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