Los servicios públicos no son “gratuitos”

Salvo pocas rigurosas excepciones, los servicios públicos tienen un costo. Usted los paga bajo diferentes “denominaciones”: tributos, impuestos, aranceles, tasas, gabelas, “rentas propias”, multas, etc. Cuando se necesita un gasfitero, carpintero, albañil, peluquero, sastre, les tiene que abonar por sus servicios. Si va a un servicio de salud, registro público, municipio, etc., paga.

Si es justiciable, en la administración de justicia, cada acto procesal está debidamente “presupuestado” en un “cuadro de valores” y cada año se elevan en proporción a la subida anual de la unidad impositiva tributaria.

Tales “recaudaciones” no solo son destinadas a infraestructuras, agricultura, energía, educación, pensiones, seguridad, sino que de ellos se abona puntualmente las remuneraciones de todos los servidores públicos, desde el Presidente, los congresistas, ministros, funcionarios, alcaldes y regidores, militares, policías, magistrados, hasta el modesto empleado y el personal de servicio y el de “vigilancia”, sin contar otros beneficios que “perciben” llamados bonos, asignaciones, gratificaciones, transporte, etc.

En el Poder Judicial hasta “las notificaciones” hay que pagarlas (arancel). Por ende, dicho “poder” virtualmente no ofrece servicios sin costo.

Si usted requiere un servicio en la actividad no pública, debe pagarlo y consecuentemente le puede exigir “al contratado” que le haga bien y oportunamente “su servicio”, caso contrario usted puede responsabilizarlo y hasta obtener que lo indemnice por su incumplimiento.

Pero los servidores públicos como que están “eximidos” de cumplir sus obligaciones con solvencia y en el plazo establecido en las normas legales que los rigen; ¡y no les pasa nada! Más grave aún, últimamente ha salido a luz actos de corrupción de “ciertos” servidores públicos a pesar de que sus remuneraciones son “excelentes” en cantidad de dinero.

Uno de los problemas angustiosos es que en “algunos” servicios públicos, su personal no tiene eficiencia de su obligación laboral. Tal es, por ejemplo, en la administración de justicia, que tarda y tarda mucho en expedir sentencias firmes. Igual en la administración pública. La consecuencia de la dilación perjudica a los administrados, justiciables y la población integra que tiene derecho a que se les brinde prestamente el servicio público que requiere.

Tal penosa situación se produce a pesar que debe pagarse permanentemente tributos, impuestos, aranceles, tasas, gabelas, “rentas propias”.

Es evidente –salvo honrosas excepciones– hay carencia de honesta conciencia en los servidores públicos, muchos de los cuales “exhiben” títulos universitarios, nombramientos y “roce social”. ¿Hasta cuándo debe seguirse tolerando tal conducta? ¡La población entera exige que se respete su derecho a recibir un pronto y excelente servicio público!

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram, y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.