Los paros, la política y la legitimidad
Las últimas cifras de estimación de aceptación ciudadana que el diario Expreso publicara el día de ayer, nuevamente, nos revelan el alto grado de desaprobación que tienen tanto la Presidencia de la República como el Congreso, lo cual explica el porqué de la última movilización de la población, contra los pronósticos de algunas autoridades, al comprobarse haber sido evidentemente espontánea y haber logrado congregar a miles de personas que reclamaban por “vivir en paz”. Algunos voceros del Poder Ejecutivo y del Parlamento, respecto a la paralización de labores y reclamo de variados sectores ciudadanos, señalaron que el referido último paro del miércoles 23 tenía fines e intenciones políticas.
Al respecto, hay que recordar que, sociológicamente, toda movilización, paro o huelga, además de tener carácter social (por la intervención de personas), de ser económica (cuando se reclaman mejoras salariales), ciertamente también tiene una connotación política, en la medida en que dicho accionar se orienta a presionar sobre el detentador del poder, con la finalidad de conseguir que quienes tienen que ver con el manejo de la administración del Estado actúen de manera tal que satisfaga las necesidades de los reclamantes.
Por lo tanto, no debe llamar la atención que la paralización del pasado 23 tenga también una valorización política, como fue aquella que promoviera la salida del Sr. Merino, cuando asumiera constitucionalmente la Presidencia de la República; aunque en este último caso, la presión para que renuncie estuvo promovida y organizada por los grupos minoritarios del Congreso, como quedó así demostrado cuando una minoría tomó la Presidencia de la República (con el Sr. Sagastegui) y la otra minoría se hizo cargo del Congreso. Increíble, pero cierto; pues, en el Perú se pueden dar cualquier tipo de contradicciones, las cuales generan precisamente inestabilidad política, como la que hoy venimos padeciendo.
En la misma línea de análisis, no debe dejarse de tomar en cuenta que toda acción o movilización social que tenga que ver con el manejo del poder, y por lo tanto sea una actividad política, además de ser legal en la medida en que el pueblo tiene el derecho de reclamar por cuanto no se siente atendido en sus pedidos, igualmente tiene un determinado porcentaje de legitimidad, que refleja el grado de coincidencia o sintonía de un sector importante de la población con lo que se dice o se hace.
La manifiesta disposición de transportistas, comerciantes, estudiantes universitarios y trabajadores en general (agremiados y no agremiados) que, sin ningún tipo de presión y únicamente como reacción a su alto grado de insatisfacción por no ser escuchados (o, mejor dicho, engañados) por las autoridades gubernamentales, nos ubicó en nuestra actual realidad. Un panorama de incertidumbre, en el que se comprueba, una vez más, que nuestra democracia sigue siendo una “democracia de papel” (está en la norma legal, en la Constitución, y allí se queda, solo como una aspiración).
Si tomamos en cuenta que estamos a escasos días de que el Perú se convierta en el país sede del importante foro de APEC, y se han comenzado a escuchar anuncios de movilizaciones sociales masivas durante su realización, la preocupación de nuestras actuales autoridades debe estar orientada a evitar que las mismas afecten nuestra imagen internacional. Razón por la cual ya es tiempo de que, con seriedad y responsabilidad, motivados por el interés general y no en la aspiración personal o partidaria, se considere la necesidad de implementar, en el funcionamiento de nuestra democracia, el derecho de revocatoria (en todos los niveles) de las autoridades que asumen el cargo por votación popular; así como la “muerte anticipada paralela” de los órganos políticos (Ejecutivo y Legislativo), permitiendo que, si los congresistas deciden poner término a su mandato anticipadamente, dicho efecto alcance también a la Presidencia de la República y, por el contrario, si la decisión parte de esta última, de igual forma comprenda también al Congreso.
En ese sentido, dejemos que sea el pueblo quien decida con su voto corregir los errores que pueda haber cometido cuando sufragó en anteriores elecciones generales. Esta es una forma de recuperar la ansiada legitimidad.
Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, X, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.
