Los pacientes, más huérfanos que nunca

El drama de la pandemia de la covid-19, como es sabido, desnudó en el Perú la precariedad de su Sistema de Salud y el nivel de orfandad de los pacientes, en especial los adultos mayores, el grupo etario más vulnerable a este virus mortal. Lamentablemente la magnitud de la emergencia solo ha permitido a las autoridades de turno, el abocarse a duras penas a la atención meridiana de la crisis sanitaria a través de la vacunación masiva de su población para mitigar sus efectos. Queda una tarea titánica por delante en materia de salud, sobre todo en el área de la atención primaria, donde poco o nada se ha invertido a pesar de los años de bonanza económica que gozó el país.

Lo que también es un drama es que, con o sin pandemia, los pacientes en el Perú son vistos y en su caso tratados como “parias”, sus derechos, considerados como “fundamentales” por la Constitución, no pasan de ser declarativos porque a la hora de la hora, cuando se debe hacer efectiva una sanción contra una entidad de salud que ha irrespetado esos derechos o ha desprotegido a un paciente, indignantemente se hace uso de instancias que dilatan el castigo o en su caso una pena pecuniaria, exponiéndola a su prescripción.

Y me refiero propiamente a la Superintendencia Nacional de Salud – Susalud, máxima autoridad llamada a proteger los derechos de los pacientes, cuyas funciones sancionadoras no son de aplicación inmediata sino que son rebatibles o cuestionadas en sede judicial vía procesos “contencioso-administrativos”, que dada la carga procesal de los jueces, las causas terminan durmiendo el sueño de los justos y la llamada justicia no llega nunca. Por ejemplo, el caso escandaloso de la paciente de 81 años que muriera por lesiones graves al caer de su camilla durante su atención médica en el Hospital Sabogal en el 2018, después de tres años del suceso finalmente éste fue multado con 1.3 millones de soles, pero no se efectivizará porque EsSalud, a donde pertenece dicho centro de salud, recurrió al Poder Judicial para impugnar la sanción.
Es el Estado versus el Estado en buena cuenta, porque tanto Susalud como EsSalud son entidades públicas, pero es imperativo que el Congreso y el propio Ejecutivo normen el privilegiar el respeto de los derechos fundamentales de las personas, en este caso, la salud y que sin perjuicio de la doble instancia, esto es, recurrir a la vía jurisdiccional, la sanción impuesta por el ente rector (SUSALUD) se cumpla, luego de un proceso de investigación administrativo que determinó la existencia de faltas.

Solo así podremos recuperar algo de esa confianza en la tutela del Estado frente a sus ciudadanos tan venida a menos especialmente con la pandemia. ¿Quién se comprará el pleito?

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