Los nuevos niños
Pedro Castillo y su premier Aníbal Torres vienen sosteniendo –con prisa y desenfreno– diversas reuniones con las autoridades electas a nivel regional y municipal en los comicios del 2 de octubre. No han esperado que sean proclamadas y, en algunos casos, ni siquiera que se concluya el proceso de verificación de votos. Ya el jueves 6, palacio de gobierno abrió sus puertas al flamante burgomaestre del distrito limeño de Magdalena del Mar, Francis Allison. Y el lunes 10, ocurrió lo mismo con sus colegas de la capital y del Callao. Horas antes lo hizo con algunos neo gobernadores.
El miércoles 26, Torres Vásquez presidió una pomposa I Convención de Alcaldes Electos en la universidad Ricardo Palma, donde jóvenes estudiantes expresaron repudio a su presencia. En todos estos encuentros, se formulan invocaciones a trabajar juntos y los del Ejecutivo prometen apoyar el diseño de los perfiles para obras, así como mayores recursos.
En un escenario democrático anclado en la institucionalidad, con sólidas fuerzas políticas, ministros con solvencia profesional intachable y permanencia estimable en sus cargos, ejes de participación ciudadana, subordinación de los funcionarios públicos a los órganos de control y al sistema de justicia, una prensa criticada por sus excesos pero sin visos de hostilidad fáctica por parte de los poderes del Estado, claro que la iniciativa de armonizar agendas de los gobiernos nacional y subnacionales tiene todo el sentido del mundo.
El diálogo civilizado se impondría como fundamento del sistema de libertades. Más todavía cuando estamos superando el flagelo de la covid-19, cuyos efectos llevaron a colocarnos un tiempo como el país con la mayor tasa de mortalidad en el mundo, debido únicamente a la incompetencia de Martín Vizcarra.
Pero eso no es lo que ocurre en el Perú de hoy. Todo el tabladillo orgánico está derrumbado merced a un presidente con 7 carpetas fiscales abiertas y 190 elementos de convicción en su contra por corruptelas, un exministro y familiares prófugos, más de cinco ex altos funcionarios en calidad de colaboradores eficaces, el uso indebido del poder para ocultar elementos probatorios y organizar una campaña de descrédito a la fiscal de la Nación. El único camino es el que indica el alcalde de Lima elegido: ningún acercamiento al imputado. Solo coordinación en los niveles correspondientes para el funcionamiento del aparato estatal.
Lo advertí en esta columna desde marzo: a falta de base parlamentaria y partidaria, Castillo echaría mano a gobernadores y alcaldes del periodo 2023-2027. En su mayoría, autoridades de movimientos efímeros y parroquiales, ávidos de la prebenda del Ejecutivo. Sí, aquella que hoy ofrece Castillo bajo el paraguas de la mentada descentralización disfrazada de planes de seguridad, construcción, saneamiento y otros.
Los “niños” del Congreso serán coleccionistas de caramelos en Halloween al lado de los tiburones de estas instancias que pedirán dejar a Castillo tranquilo, exento de la acción de la justicia y todo en aras de la “gobernabilidad”. Los nuevos niños se alistan a sostener la putrefacción oficialista. Lo harán con la mano estirada. Fletarán sus portátiles. Preparémonos para la extensión de la pesadilla.
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