Los movimientos sociales y el derecho a la protesta

En estas dos últimas semanas, un importante, numeroso grupo de jóvenes, en el centro de la ciudad de Lima, masivamente han expresado su desaliento e insatisfacción con las acciones que, por acción u omisión de la autoridad gubernamental, no han tenido resultados efectivos contra la lucha del incremento geométrico de la ola delincuencial, a los cuales se les ha identificado como la “Generación Z”.
Dentro del grupo de jóvenes manifestantes que, propiamente, se han constituido como un movimiento social, en condición de infiltrados, se pudo comprobar la presencia de personas que, aprovechando el acto masivo de protesta, han cometido acciones que atentan contra la integridad física de personas que, circunstancialmente, transitaban por dichos lugares, así como actos violentistas que afectaban la propiedad pública y privada. Es decir, conductas como las últimamente indicadas son las que terminan por desnaturalizar las protestas, cuyo derecho tienen los diversos sectores poblacionales, cuando perciben que la falta de idoneidad del ente gubernamental no les permite vivir con tranquilidad y seguridad.
En consecuencia, podemos estar de acuerdo con la expresión ciudadana de protesta, por cuanto ello conlleva a confirmar el porqué del tan elevado, y casi nunca visto, nivel de ilegitimidad que tiene el actual Poder Ejecutivo, al cual se suma, igualmente, el nivel tan alto de desaprobación con que cuenta el Congreso en funciones. Pero se tiene que rechazar rotundamente el uso de la violencia como instrumento de protesta.
De la misma forma, debemos de llamar la atención sobre cómo reaccionó la autoridad que se encarga de la administración del Estado, al decir que “los actos de violencia no solucionan los problemas de inseguridad, por cuanto el gobierno sigue trabajando con la finalidad de combatirla”; es decir, se continúa desconociendo que la opinión ciudadana tiene mucho que ver en la medición del grado de satisfacción o insatisfacción frente a la labor que desarrollan las entidades estatales.
En política, y en el ejercicio del poder, es muy necesario, con relativa frecuencia, medir el nivel de legitimidad que tiene el accionar de los órganos estatales, por cuanto, de ser necesario, permite que se puedan corregir decisiones y/o se sustituyan por otras que den lugar a tener resultados distintos que satisfagan las expectativas de la población.
Una decisión inteligente de la autoridad encargada de preservar el orden interno debió haber sido convocar de inmediato a los dirigentes del referido movimiento social para, primero, escucharlos (sin generar debate ni discusión) y, posteriormente, luego de un muy breve periodo de tiempo, convocar a una nueva reunión, donde se les exponga sobre las alternativas de atención y/o solución a los requerimientos planteados.
Los reclamantes y/o protestantes podrán estar o no de acuerdo con lo que se propone, pero lo más destacado es que la autoridad proyecta la imagen de que está dispuesta a saber escuchar y, como consecuencia de ello, pueda modificar su forma de gestionar la acción de gobierno. O, lo que es lo mismo, se hace cada vez más necesario que se evite convocar a reuniones masivas de las más altas autoridades, como son los Consejos de Estado, los cuales terminan siendo “un té de tías” que, al final, no resuelven nada, por cuanto las propuestas siguen siendo gaseosas o impracticables para las condiciones que presenta el actual panorama de nuestra afectada sociedad, que nos comprende.
Al mismo respecto, una vez más, se debe de llamar la atención para invocar a las autoridades que tienen a su cargo liderar los órganos estatales y los organismos constitucionales, que no deben esconder sus debilidades o falta de idoneidad en la conducción de los mismos, echándole la culpa o responsabilizando a otro u otros entes del Estado.
No es necesario dar más leyes, ni modificar las existentes para que los órganos estatales funcionen mejor; únicamente se requiere que cada cual atienda y cumpla sus responsabilidades. Es decir, el problema no es de estructura u organización; el problema es de las personas que integran las instituciones.

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