Los ministros de Estado en el presidencialismo

A propósito de las últimas pocas modificaciones en el actual gabinete ministerial en nuestro país, debemos recordar que, a diferencia del parlamentarismo, como forma de gobierno, donde los ministros o secretarios de Estado son elegidos por el Parlamento, muchas veces entre sus propios miembros, en los gobiernos presidencialistas, como es el caso de Estados Unidos (su creador), el Perú y todos los países de América, excepto el Canadá, es el jefe del Ejecutivo o presidente de la República a quien le corresponde designar al ministro de Estado.
Esta facultad de designar a los miembros del gabinete, en algunos casos, se encuentra regulada en atención a las normas internas que tienen los Estados; como, por ejemplo, en el caso estadounidense, el presidente de la República nombra a los secretarios de Estado, pero dicha decisión debe estar confirmada por el Senado; en todo caso, si el Senado no confirma la decisión presidencial, siempre es el presidente el que tiene en sus manos la decisión de designar a la persona que integre su gabinete.
En cambio, en el Perú (cuya forma de gobierno es la presidencialista), el nombramiento de la persona como ministro de Estado le corresponde al presidente de la República, aunque dicha decisión, formalmente, parte de la propuesta que debe hacer el presidente del Consejo de Ministros, quien es propiamente el jefe del gabinete ministerial.
En consecuencia, la última decisión de la presidenta de la República, Sra. Dina Boluarte, si bien es cierto ha merecido duras críticas respecto al nombramiento de uno de ellos (el nuevo ministro de Justicia), lo cierto es que lo ha hecho dentro del marco de sus facultades, previstas en nuestro ordenamiento constitucional.
En todo caso, dentro del ejercicio de las atribuciones que tiene el jefe del Poder Ejecutivo, debería establecerse como una buena costumbre, a diferencia de lo que estamos habituados desde hace muchos años, que, antes de formalizarse el nombramiento, se “diga en voz alta” quién es la persona a la que se le considera como posible ministro. Ello permitiría que “las sorpresas”, no siempre satisfactorias, sino por el contrario “desalentadoras” y “desconcertantes”, por una serie de razones, dejen de ser ilegítimas desde su origen.
En el manejo del poder político, en este caso, por parte del órgano Ejecutivo, es necesario y muy importante que cualquier decisión por parte de la autoridad correspondiente esté acompañada de una suficiente legitimidad, que le permita ser aceptada por la población; de tal manera que su conformidad se traduzca en la fuerza necesaria que requiere tener el nuevo ministro, a fin de poder atender con prontitud y eficacia los diversos problemas que tendrá que enfrentar al asumir el cargo.
Pues, el alto nivel de desaprobación ciudadana que tiene la actual jefa del Estado, al igual que el Congreso de la República, prácticamente obliga a quienes ejercen el poder a tener que actuar con mayor criterio y responsabilidad; dejando de lado su aspiración personal y/o de su agrupación política.
A poco menos de un año de terminar su mandato, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, frente a la variedad de problemas que todos los días tiene que enfrentar la población peruana, si algo bueno pretenden dejar antes de irse, es demostrar que existe “por lo menos la intención” de actuar con criterio y responsabilidad; ya que la insatisfacción ciudadana frente al actuar de nuestras autoridades nacionales sigue siendo de total rechazo.
La democracia, como forma de vida política, implica que la forma de gobierno en la que se organiza el poder político permita que quien lo ejerza lo haga motivado en el interés general y no, como parece ser la actual costumbre, tratando de sacar provecho personal en perjuicio de la población peruana.

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