Los más vulnerables y la justicia

Las políticas públicas deben ser diseñadas para crear valor público, es decir, el centro de estas políticas del Estado debe ser la persona humana.

Todas sus acciones deben estar ser guiadas por la eficiencia, pensando justamente en las poblaciones mas vulnerables, aquellos que no tienen ni las posibilidades ni las oportunidades para desarrollar su proyecto de vida; quienes saben de la indiferencia del Estado ausente.

La experiencia profesional me ha llevado a conocer mas de cerca esta realidad, una verdad dura que muchas autoridades de escritorio no conocen.

Yo creo firmemente en que no puedes ejercer un cargo público de decisión si es que no conoces la realidad de miles de peruanos que no tienen acceso a los servicios públicos, si no has caminado las provincias no has pernoctado en las comunidades, si no has visitado los cerros donde están los peruanos que deberían ser la prioridad del Estado.

Estos ciudadanos luchan todos los días porque sus derechos sean respetados y garantizados. Un funcionario que cumple sus deberes con celeridad, imparcialidad y eficiencia, también hace justicia a favor de los más vulnerables.

Nuestra Constitución Política protege a las madres, a los adulto mayores, a las personas con discapacidad, a los menores de edad y a las poblaciones indígenas, desarrolla una serie de obligaciones estatales en favor del respeto de sus derechos, que además, los tratados internacionales de derechos humanos señalan como responsabilidad del Estado.

Entre estas obligaciones se encuentra la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia, con criterios de accesibilidad pensados en las poblaciones que requieren incluso de ajustes razonables que hasta el día de hoy, no se implementan, sobretodo en las provincias mas alejadas del país.

El acceso a la justicia no solo requiere de condiciones basadas en recursos logísticos y humanos, plazos razonables, herramientas con enfoque territorial y de inclusión, sino además y sobretodo, de jueces probos y competentes, de actuaciones oportunas y eficientes, más aún cuando se trata de jueces constitucionales que tienen el deber de aplicar el derecho de acuerdo a los principios constitucionales, cuyas sentencias tienen un impacto social y que debe interpretar el derecho, con enfoque social, conforme al marco convencional, en la línea de los tratados internacionales de derechos humanos que el

Perú ha suscrito y ratificado.

Finalmente, el combate contra la corrupción es muy importante cuando se trata de garantizar justicia a las poblaciones en situación de vulnerabilidad pues se aprovecha de su condición, causando muchas veces un perjuicio irreparable.

Actualmente, la corrupción mella la confianza del ciudadano en el aparato judicial, hace prevalecer el poder económico o político sobre los derechos de las personas que son sujetos de discriminación y a quienes se les niega la justicia. Esa justicia esquiva que no sabe de necesidades.

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