Los graves delitos de organizaciones criminales que gobiernan el Perú
Una comisión presidida por la ex ministra Ana Gervasi Díaz ha aprobado la modificación del Reglamento Sanitario Internacional, pretendiendo someter al Perú a los dictados de la OMS, y al financiamiento perpetuo de la industria farmacéutica extranjera, por montos indefinidos, habiéndose demostrado que este organismo es parte de una organización criminal que persigue la reducción de la población mundial.
La complicidad en el delito de genocidio y crímenes de lesa humanidad, cuya ejecución viene dirigiendo este organismo, es manifiesta por los actos diligentes de personas que no pueden argumentar desconocimiento de la realidad, que constituye un escándalo internacional, por lo que están incursos en los delitos de traición a la Patria, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de función, contra la fe pública, y asociación ilícita para delinquir con organización extranjera en agravio de la integridad, la salud, la vida, la economía y la soberanía de nuestra nación.
Como los congresistas están ocupados en asegurar su proyecto político personal, modificando la Constitución y las leyes, vulnerando la propia Constitución y los derechos constitucionales de todos los peruanos, ni siquiera se han dado cuenta, que deberían exigir el cumplimiento del procedimiento del artículo 56 de la Constitución, para ese tipo de tratados y reglamentos que pretenden ser vinculantes, lesionando derechos humanos, con compromiso perpetuo del Presupuesto Público.
Como muchos están ocupados en sus propias investigaciones penales o las de sus líderes, y desacreditando al Poder Judicial y Ministerio Público, para reformarlos pro impunidad, están aprobando leyes increíbles, como la que exige notificar el allanamiento de organizaciones delictivas con 72 horas de anticipación, sólo comparable con la vergonzante modificación de la legislación electoral para ser ellos los únicos que puedan postular el 2026, es obvio que ni siquiera deben haberse enterado que nos están sometiendo al gobierno mundial de la ONU vía el pretexto sanitario que invoca, amenazante de nuevas pandemias, la OMS.
Sólo hay un impedimento personal para que un congresista apruebe una ley, y es en beneficio propio, más aún, cuando lesiona deliberadamente los derechos de los demás. La grave infracción constitucional va de la mano con la comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de función, y de utilización del poder legislativo con fines de aprovechamiento propio, que es una forma del delito de defraudación en agravio del Estado y de la nación.
La ciudadanía espera una diligente actuación de la Fiscalía de la Nación, con la debida apertura de oficio, de investigaciones penales que les corten las alas delictivas a las organizaciones criminales que nos gobiernan.
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