Los frustrados “arreglos” de Duberlí
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha declarado inejecutable la sentencia que emitió el Tercer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima, en los seguidos contra el Jurado Nacional de Elecciones por el comunista Duberlí Rodríguez, expresidente de la Corte Suprema, en representación del partido Unidad Popular que él comanda. Este fallo calificó de extemporánea la inscripción de esta agrupación política —que integra nada menos que el citado Duberlí— para participar en las elecciones generales de 2026. El fallo determina que el cronograma electoral es “inmodificable”. Por tanto, el Poder Judicial ha quebrado la norma electoral al asumir funciones que corresponden al Jurado Nacional de Elecciones como único organismo del Estado para resolver sobre esta materia.
En concreto, la resolución que ha expedido el Jurado Nacional de Elecciones declara la improcedencia —“por inejecutable”— de la Resolución N.º 1, fechada el 31 de julio de 2025, “emitida por el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, dentro del proceso de amparo signado con el expediente N.º 06374-2025-0-1801-DC-03.”
La improcedencia no solo califica porque dicho fallo afecta el cronograma electoral vigente —al cual, incluso, pretendía imponer medidas retroactivamente—, sino porque fulmina lo que el JNE califica como “principio de condiciones de igualdad en el proceso electoral para todas las organizaciones políticas”. Más aún. Contraviniendo la legislación electoral vigente, el comunista Duberlí habría intentado que el Poder Judicial favorezca al partido que él lidera, influyendo muy probablemente en sus todavía camaradas —aún activos al interior del Poder Judicial—, instándolos a que emitan un dictamen que —él mismo es consciente— transgrede desde sus entrañas la normativa electoral. Presunción que el JNE debería analizar, para evaluar si denuncia penalmente al citado Duberlí, como corresponde.
Al comunismo, amable lector, no debe otorgársele el más mínimo espacio fuera de la ley; como hacen los comunistas, infiltrándose en el Estado en toda oportunidad para quebrantar no solamente el orden legal, sino incluso el constitucional. Es así como actúan los socialistas, conocedores por experiencia de que la democracia —en esta parte del mundo— ni sabe ni quiere defender sus fundamentos, derechos y principios, con la misma energía que aplican los movimientos de izquierda para imponerse sobre la democracia a cualquier precio.
Por eso merece nuestro reconocimiento y respeto la actuación estrictamente constitucional, como jurídica, con que viene desempeñándose el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que preside Roberto Burneo Bermejo, cuyo papel fundamental es garantizar la transparencia y legitimar los procesos electorales. Justamente lo contrario a lo que hizo su antecesor en la presidencia del JNE, el comunista Jorge Luis Salas Arenas, quien, faltando contabilizar más de quinientas mil cédulas, declaró ganador a Castillo por 40,000 votos; entre otros crímenes por los que los peruanos estamos pagando sus culpas. Increíblemente, este sujeto continúa mamando del Estado y destruyendo nuestra democracia desde sus cimientos, fungiendo nada menos que como vocal de la Corte Suprema. Este mero hecho afirma que a la mayoría de los peruanos le sigue importando un caracol lo que ocurra con su patria.
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