Los derechos se pagan con crecimiento, no con planillas

El Perú llega a las elecciones generales del 12 de abril de 2026 con una paradoja clara: Una economía que ha demostrado resiliencia, con fundamentos sólidos y un potencial productivo inmenso, pero aún atada a una estructura dependiente de las materias primas. La verdadera disyuntiva política no es elegir entre “derechos” o “desarrollo”, sino decidir cómo sostener esos derechos, ya sea a través del crecimiento basado en inversión y productividad, o mediante un asistencialismo que, si se desconecta de la capacidad de producir, termina minando el mismo bienestar que pretende garantizar.
La historia enseña que las sociedades que sobrevivieron y prosperaron fueron aquellas que apostaron por producir más allá de su subsistencia. En la Edad Antigua, Roma consolidó su poder no solo con conquistas, sino también con infraestructura y comercio que multiplicaron su productividad. En cambio, los pueblos que vivían de la rapiña sin generar excedentes se desmoronaron con rapidez. El Perú, con sus recursos mineros, agrícolas e industriales, se encuentra ante un dilema similar: decidir si será una nación productora y exportadora o si quedará atrapada en el espejismo de la dádiva.
Los organismos internacionales recuerdan que Perú posee ventajas considerables, como son la baja deuda pública, las amplias reservas internacionales y el acceso fluido a los mercados financieros. Estos son escudos que nos permiten maniobrar en escenarios adversos. Sin embargo, como ocurrió en la Edad Media, cuando los feudos que solo extraían tributos sin promover comercio ni manufactura se empobrecían, hoy los países que apuestan por gasto corriente sin motores de crecimiento agotan rápidamente sus reservas. La minería, que en 2024 representó el 65,3% de las exportaciones por un total de US$ 76,172 millones, es un motor poderoso, pero insuficiente si no se diversifica hacia sectores que generen valor agregado.
La inflación descendió en 2025 a niveles entre 1,3% y 1,7% interanual, lo que abre espacio para recuperar crédito e inversión. No obstante, si el voto de 2026 privilegia el gasto burocrático sin rumbo, el país corre el riesgo de dilapidar su estabilidad. En la Edad Moderna, naciones como Inglaterra apostaron por la manufactura, el comercio marítimo y la ciencia, mientras que, otras, como España, cayeron en el espejismo del oro y la plata de América, sin sentar bases productivas duraderas. En nuestra historia económica contemporánea, el Perú debe elegir entre ser como Inglaterra, o como España.
Las experiencias internacionales refuerzan la advertencia. España hoy mantiene un crecimiento decente, pero con una tasa de desempleo de 11% en 2025, y una productividad estancada desde hace décadas. La lección es evidente: el gasto social solo es sostenible si se acompaña de mercados laborales dinámicos y reformas productivas. Argentina ofrece otro espejo: tras años de déficits crónicos e inflación de tres dígitos, en 2025 recurrió al FMI con un préstamo de US$ 20 mil millones, aplicando un ajuste severo que logró frenar la inflación, pero con costos sociales y políticos altísimos. Cuando el asistencialismo se financia con emisión y controles, el ajuste llega como una guillotina: tarde, doloroso y socialmente corrosivo.
En conclusión, el error no radica en tener programas sociales, sino en creer que pueden expandirse indefinidamente sin una economía que produzca, exporte e innove. La historia enseña que los pueblos que dejaron de producir terminaron sometidos o extinguidos. El Perú debe apostar por la productividad, la diversificación y la innovación, pues los derechos sostenibles se pagan con crecimiento, no con planillas.

Por José Oré León

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