Los derechos humanos en la contienda política

Los Derechos Humanos no son ajenos a la política. Es más, constituyen su fin esencial, pues se materializan en la gestión del gobierno y la ejecución de un gasto público destinado a cerrar las brechas de desigualdad. Tomando la expresión del jurista alemán Rudolph von Ihering, son la “lucha por el derecho”, la demanda social que debe insertarse en las políticas públicas y en el marco normativo del Estado.
En el Perú, existe entre 7 y 8 millones de peruanos sin acceso al agua potable; la propiedad informal en las invasiones y asentamientos humanos es resultado de la falta de acceso a una vivienda digna; 8 de cada 10 personas con discapacidad no tienen acceso al mercado laboral, y la violencia en las calles se ha incrementado ante la ausencia de acciones concretas y efectivas para garantizar nuestro derecho a una vida libre de violencia.
Estos son solo algunos ejemplos de problemáticas sociales urgentes que, a la fecha, son parte de la agenda pendiente del Estado, por lo que no pueden permanecer fuera de los contenidos del plan de gobierno (PDG) de aquel que pretenda el sillón presidencial en las próximas elecciones.
Solo en democracia, los Derechos Humanos resultan viables y realizables. En un sistema democrático se dan las garantías normativas e institucionales, se reconoce a las personas con dignidad y derechos inherentes e inalienables. Además, se establece la presencia y actuación de organismos, procedimientos y sistemas internacionales que constituyen el Derecho Internacional de Protección de los Derechos Humanos.
Un sistema, por cierto, imperfecto y con falencias, pero que no puede obviarse frente a la impunidad de un sistema judicial ineficiente. En esa línea, sería inconcebible que un PDG proponga la desvinculación de los sistemas de protección internacional de los derechos humanos, cuando la propuesta debe ser fortalecerlos mejorando la actuación de la defensa del Estado.
Lo aquí señalado resulta impopular en política, por cuanto, en campaña, vende más justificar las falencias del Estado culpando a un sistema judicial transnacional que nadie termina de entender muy bien y cuya finalidad debe ser lograr la efectividad de los derechos.
Resulta urgente una reestructuración del sistema; los países de la región deben apostar por una selección transparente e idónea de los miembros de estos organismos internacionales, libres de sesgos políticos e ideológicos que les impidan impartir justicia sin estandarizar los casos, distinguiendo las vulneraciones de derechos humanos a partir de una decisión de Estado de las que son consecuencia de actos arbitrarios, paralelos, ajenos y al margen de las políticas de Estado.
Finalmente, es indispensable garantizar el acceso a la información de la ciudadanía, no solo a los PDG, así como la socialización de las acciones y estrategias concretas que se llevarán a cabo durante el proceso electoral para garantizar el ejercicio del derecho al voto informado, pensando sobre todo en las poblaciones más vulnerables, dándole un rostro más real a la contienda política, el rostro de los derechos humanos.

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