Los delitos demuestran incapacidad moral
El cargo de presidente de la República requiere de una persona íntegra moralmente, que demuestre una trayectoria de vida personal y pública respetuosa de los principios y valores de la moral social; no es posible que alguien que haya cometido delitos o que los cometa en la función presidencial ejerza este cargo, porque la comisión de delitos acusa incapacidad moral.
La comisión de un delito implica la quiebra de los valores morales protegidos por la ley penal y el desprecio por el valor jurídico garantizado por la penalización de su afectación. El que comete un delito demuestra que carece de formación moral y de conciencia de los efectos de cometerlo en contra de sí mismo, de los directamente afectados y de la sociedad.
Por eso es que el presidente de una nación no puede cometer ningún delito, porque demostraría incapacidad moral para gobernar.
Los delitos de Dina Boluarte no se reducen a la imputación de haber recibido dinero por abrir las puertas a un empresario para proveer insumos al programa de asistencia social cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social, sino a los delitos de defraudación, contra la fe pública en las modalidades de falsedad ideológica y genérica, y de sedición como parte de una organización política que engañó al pueblo del Perú con la postulación presidencial de Pedro Castillo para, luego de elegido, someterlo al gobierno de Vladimir Cerrón que ejecutó a través de Dina Boluarte que impuso su condición de vicepresidente para manejar las decisiones del aparente gobierno de Castillo, desde la conformación de los gabinetes ministeriales.
El 8 de agosto de 2021 interpusimos una denuncia penal contra Boluarte y Cerrón, entre otros, por estos delitos que son materia de investigación por la Fiscalía, en donde hacemos notar que era esta organización política delictiva la que estaba gobernando fraudulentamente el Perú bajo amenaza pública de destruir a Pedro Castillo si se separaba del partido Perú Libre, que en verdad era no subordinarse al gobierno de Vladimir Cerrón vía la formalidad de la vicepresidente Dina Boluarte.
Que Boluarte no haya renunciado por los casos de corrupción en el entorno de Pedro Castillo y haya suscrito los decretos supremos de la muerte civil y biológica de los peruanos siendo abogada, implica su responsabilidad en estos hechos que constituyen graves delitos, conforme al artículo 128 de la Constitución.
La irracionalidad para dirigir la represión de la protesta ciudadana contra la integridad y la vida de las personas, demuestra carencia de facultades para razonar con lógica moral.
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