Los delitos del viceministro de Salud
La perversión del entendimiento social está permitiendo que se acepte la ilegalidad como norma y que la inconstitucionalidad de las disposiciones gubernamentales pasen fácil por el aro de la angustia de salvarse del covid, en tal manera que vemos a los titulares de entidades públicas llamadas a defender el Orden Constitucional, líderes de opinión, abogados, políticos, periodistas, que aplauden la discriminación de millones de personas no vacunadas, sometiéndolas al desempleo, a la muerte civil y a la muerte física por no poder acceder a los servicios esenciales para la vida.
El viceministro de Salud, Gustavo Rosell, ha salido a dictar órdenes ilegales y delictivas ante el silencio cómplice de todo el Poder Ejecutivo y demás Poderes del Estado, amenazando con detener a las personas que porten su constancia de exención a la vacunación forzada y de denunciarlas penalmente, sin más fundamento que el abuso del poder, pues el acto de legítimo ejercicio del derecho a eximirse de una vacunación que no se consiente tiene pleno amparo constitucional y legal, siendo perfectamente válido.
Le molesta al viceministro y al concierto criminal que ejecuta la vacunación forzada, que la población haya aprendido en pocos días cuáles son sus derechos y que nadie le puede imponer una vacunación que no consiente.
Lamentable que un viceministro no conozca la diferencia entre un documento oficial y un documento legal, el primero es emitido por alguna autoridad del Estado y muchas veces no es legal ni constitucional, como los inconstitucionales decretos supremos 167, 168, 174 y 179-2021-PCM, que han dispuesto un genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la población sana que no consiente vacunarse; y el segundo es todo documento que se emite en estricto cumplimiento de la ley, y lo puede emitir cualquiera que ejerza su derecho.
El viceministro Rosell le ha mentido a la nación para ejecutar un plan genocida, de lo cual hay múltiples pruebas científicas, que él conoce por razón de su función, lamentamos tener que denunciarlo por sus delitos: contra la fe pública, coacción agravada, contra la administración de Justicia, discriminación, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de función, genocidio, y crímenes de lesa humanidad, en agravio de nuestra nación.
“Abogados”, “médicos”, “periodistas”, propietarios de medios, y todos los que colaboran con este concierto criminal, pasarán a juicio en grado de complicidad y coautoría y por ley tendrán la misma condena que los autores: cadena perpetua.
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