¡Los congresistas incumplen sus responsabilidades constitucionales!

En pleno furor del exitoso paro de transportistas –desarrollado el pasado jueves y viernes en Lima– la dirigencia del gremio de transporte urbano de pasajeros asistió al Congreso a demandar medidas urgentes, a efectos de evitar nuevos atentados contra ellos perpetrados por una camorra criminal –presumiblemente capitaneada por ciudadanos venezolanos de alta peligrosidad– consolidada sobre todo en algunos sectores claves de la capital.

Como informó EXPRESO, la congresista fujimorista Patricia Juárez encabezó a un selecto grupo de legisladores para recibir a la delegación de transportistas y escuchar sus justificados reclamos ante el ataque diario que soportan por parte de unas incontrolables, sanguinarias mafias criminales que les demandan el pago diario de cupos por salir a trabajar en sus unidades; caso contrario, sus buses son incendiados y volados en pedazos utilizando cartuchos de dinamita u otros explosivos similares.

Todo esto, en medio de la más absoluta inactividad del gobierno para evitar que continúe semejante atentado contra la integridad física –sin mencionar la económica– de los propietarios, choferes, cobradores y pasajeros de dichas unidades.

A pesar de haberse comprometido con los transportistas a superar la desatención del Poder Ejecutivo ante sus demandas, los congresistas decidieron diferir –sabe Dios hasta cuándo– el inicio del debate de una ley que promueva incorporar –en nuestros códigos de justicia– el delito de “terrorismo urbano”, precisamente como herramienta para controlar la extrema violencia callejera.

Ciertos parlamentarios lo hicieron por aquella indolencia que les caracteriza; otros, por cálculo político –postura típica de la mazamorra zurda– y los demás, porque directa o indirectamente simpatizan con un extremismo que persevera en consolidar el terrorismo urbano como arma política para apoderarse de nuestro país.

Los parlamentarios se habían comprometido a estudiar esta situación y a elaborar, debatir y aprobar los necesarios proyectos de ley para tipificar el terrorismo urbano. El eje del debate congresal sería la incorporación de la figura del crimen por terrorismo urbano como fundamento para establecer una política nacional que combata la extorsión, el chantaje y otros delitos que, de manera directa, atentan actualmente contra este gremio fundamental para el desarrollo; y, en general, para la vida y el progreso de los peruanos en todos los estratos de este país.

No obstante, nuestros impresentables parlamentarios hicieron caso omiso de su compromiso –no solo con los transportistas, sino ante toda la sociedad– abandonando sus obligaciones y, consecuentemente, perjudicando seriamente al país entero.

“Al contrario”, informaba EXPRESO, “los legisladores han dado prioridad a leyes para favorecer a la delincuencia. Como aquella que paraliza los allanamientos, a la espera de que llegue el abogado del delincuente capturado. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que ‘los 25 proyectos de ley sobre terrorismo urbano serán sometidos a debate y a votación en el Pleno del 3 de octubre’”.

Y agregó: “Los 25 proyectos de ley sobre seguridad ciudadana serán evacuados entre el 15 y 20 de octubre por las comisiones de Defensa, Descentralización y Economía, para debatirse y aprobarse en el Pleno del 30 de octubre.” ¡Imposible confiar en este Congreso como respaldo a la democracia!

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