Los comentarios legales

Profesores de la Universidad Católica de Lima han publicado un proyecto de Constitución del país denominado “Hacia un nuevo pacto constitucional en el Perú”. La sugerencia de una nueva Constitución, políticamente, no me parece oportuna; además, tenemos demasiadas constituciones en nuestra historia. Debemos corregir lo malo y mantener lo bueno. Más bien, el nuevo gobierno que venga deberá efectuar la revisión de las cincuenta y tantas modificaciones que ha efectuado el Congreso.
En la corrección a la que me refiero encaja la publicación del proyecto, que tiene aportes interesantes que deberían ser normas constitucionales. Estos están referidos a los organismos que tienen a su cargo el control de la administración del Estado y la contribución de impuestos, me refiero a la Contraloría General y a la SUNAT.
Vivimos actualmente atacados por una acentuada corrupción que, como un cáncer, va diezmando las entidades estatales y cuyos alcances no asombran a nadie y son un descrédito peligroso para la autoridad.
La propuesta es otorgar a la Contraloría General y a la SUNAT (a la que se le da carácter de organismo constitucional) la facultad de levantar el llamado secreto bancario, discutible derecho constitucional creado en la última Constitución y que no se contempla en muchos países. Pienso (como alguna vez lo publicara) que sería mejor suprimir ese derecho, que ha permitido el ocultamiento de dinero mal habido.
Otro aporte a destacar es lo referente a la economía, donde con claridad se establece el rol del Estado respecto a la salud, la educación y la seguridad, igualmente el mantener la igualdad de trato a la inversión nacional y extranjera, aunque se debe añadir la condición de trato recíproco.
Así como el Fondo Editorial de la Universidad Católica publica este aporte jurídico-político, otras universidades deberían seguir ese ejemplo y proponer normas que corrijan los despropósitos legislativos que continuamente promueve el Congreso.
Finalmente, también debemos decir que la publicación de los profesores de la PUC, erróneamente, hace referencia a territorio indígena y justicia indígena, lo que es contrario a la imprescindible integración del país con una educación común que conlleve a su desarrollo integral, sin crear nuevas diferencias territoriales ni judiciales.
Si de algo estamos seguros es que el centralismo económico-administrativo de la capital y la falta de infraestructura adecuada (ferrocarriles, aeródromos) no han permitido la integración cultural y económica, pese al tiempo transcurrido y los conflictos sociales ocurridos. Esta es una tarea improrrogable del nuevo gobierno.

Por Augusto Millones Santa Gadea

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