Los caviares: vergüenza nacional
La implacable violencia criminal que, sistemáticamente, aniquila la vida, salud y los ahorros de miles de peruanos, es responsabilidad de aquellas ONG que, mostrando su hipocresía y desprecio por la vida ajena, se hacen llamar “defensoras de los derechos humanos”; siendo más bien paladines de los delincuentes y criminales que mañana, tarde y noche se ceban sacrificando la existencia y ahorros de miles de compatriotas, víctimas de su crueldad.
Tampoco olvidamos que esas ONG acudieron a la Corte IDH, precisamente, cuando acá sendero luminoso y mrta desarrollaban una implacable ola criminal, encaminada a secuestrar empresarios. Apelando a la violencia y a la tortura, los recluían en fosas subterráneas -de dos metros cúbicos, sin luz, sin baño ni cama; con apenas un sucio tubo como respiradero y esperando meses previamente a contactar a sus familiares para, exasperando su desesperación, aumentar día a día el monto de los millonarios rescates que cobraban por sus víctimas. Esta es la morralla de gente que hoy sigue presentándose como “defensora de los derechos humanos”, reclamando este derecho a la vida a nombre de todos los peruanos, como un vil oficio para lucrar de la desgracia ajena, vendiendo sus servicios a las grandes fortunas transnacionales -financistas de las ONG- presentándose como lo que precisamente no son: defensores de la vida; y encubriendo su auténtica actividad: hacer política para generar más odio, mayor incordio, mucha crueldad y beneficiarse como supuestos salvadores siendo ellos los verdaderos autores intelectuales de esta sostenida ola de sevicia.
Con motivo del lamentable fallecimiento del ex presidente Alberto Fujimori -un auténtico paladin de la defensa de la vida y salud de los peruanos, con organización y decisión para ejecutarla- circula un mensaje recordando que, a finales del siglo pasado, Fujimori promulgó el Decreto Leguislativo 895 que dispone: “Todo criminal que porte/use armas de guerra, granadas y/o explosivos para perpetrar robos, secuestros, extorsión u otro delito contra el cuerpo, la salud, el patrimonio, la libertad individual o la seguridad pública comete delito de Terrorismo Agravado, y será sentenciado a cadena perpetua.” Esto evitó que el Perú se convierta en un Estado polpotiano, donde la vida no valía nada y los jerarcas vivían como monarcas. Lamentablemente, los caviares apelaron a la totalitaria CIDH y consiguieron que avale el pedido de estos miserables, aprovechadores de la vida y salud de todos los peruanos. La prensa vendida silenció semejante traición, que con esa medida consiguió que retorne la violencia extrema al Perú promovida, justamente, por el clan de estos rufianes dizque defensores de los ddhh.
Perú debe censurar, con toda energía, la miseria de estos draculas contemporáneos que salivan con la sangre y el dolor de quienes rechazamos sus propuestas y aborrecemos sus dictados, contrarios a las mayorías nacionales. Finalmente, tras el fallo de la CIDH el corrupto Toledo -a quien los caviares manejaban con rienda corta- derogó aquel decreto, que actualmente habría salvado tantas muertes, mutilaciones y toda suerte de desgracias.
El Legislativo debiera pro-hi-bir que participen en actividades públicas quienes promovieron directa y/o indirectamente semejante atentado contra la patria.
Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, X, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.
