Lo ingrato de la función pública

Cierto es que muchos peruanos probos, de comprobada capacidad y honestidad, exitosos en sus campos en la actividad privada, se muestran reacios de ingresar al aparato estatal para trabajar y contribuir con su experiencia al desarrollo integral del país, porque es sabido de lo ingrato que resulta ser el trabajar para el Estado, máxime en cargos de confianza, hay certeza de inicio de funciones pero no de salida, por lo general se sujeta al vaivén de quien o quienes ejercen el poder político, su desempeño está en tela de juicio no solo para la opinión pública sino principalmente para los operadores de justicia, que de un tiempo a esta parte en razón de los altos niveles de corrupción presentados en el país, le aplican al funcionario público la premisa que, desde su cargo o posición, tiene que conocer o estar en posición de conocer de todo lo que hacen los demás servidores de su sector y por ende es co-responsable con ellos de lo que suceda, sobre todo en materia penal y con ello subliminalmente ‘baipasear’ aquello del carácter personalísimo de la responsabilidad penal.

Tiene sentido, por tanto, la reticencia de buenos cuadros de dejar su zona de confort de la actividad privada para entrar al riesgoso sector público, o de volver a este, como fue el caso de Óscar Maúrtua de Romaña, jurista y diplomático de carrera; en 1967 hizo su ingreso a la Academia Diplomática del Perú en el primer lugar, secretario general de la Presidencia de la República los 5 años del segundo mandato del extinto Fernando Belaunde Terry, embajador en varios países y Canciller en el gobierno de Alejandro Toledo; cuando fue convocado para asumir nuevamente la Cancillería por el hoy golpista Pedro Castillo en agosto de 2021, la crítica en general recibió bien su designación por su formación diplomática y experiencia en la gestión pública, era de los poquísimos funcionarios idóneos para asumir cargo de ministro de Estado, porque desde el principio fue evidente lo calamitoso que sería ese gobierno. A

Maúrtua se le puede increpar no haberse retirado a tiempo visto lo funesto de la gestión del chotano, pero no se merecía que luego de haber sido sacado de la Cancillería sin mediar causa en febrero de 2022 y después ser llamado para embajador de Perú en España, de la noche a la mañana se enterara por el Diario Oficial “El Peruano” en enero de este año, que daban por terminada todas sus funciones diplomáticas, cancelando sus credenciales, a pesar de que cuando cayó el régimen de Castillo, este renunció a su cargo pero desde Cancillería le pidieron que continuara. ¿Por qué entonces no se le aceptó la renuncia? ¿Por qué chotearlo semanas después? ¿Por qué humillar a un diplomático de carrera así? Trasciende que su reemplazo será el ex Defensor del Pueblo Walter Gutiérrez.

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