Linchamiento de las personas, deporte nacional

Cuánto protestamos y con justa razón los peruanos, cuando se nos requiere el pago por la prestación de un servicio deficiente o no brindado y formulamos nuestro reclamo a la entidad correspondiente a fin de que se corrija el monto facturado con fecha cierta de vencimiento para su pago, el que por justicia debiera suspenderse hasta la verificación y corrección del cálculo de la deuda, sin embargo de forma abusiva y unilateral, se exige pagarla primero para después admitirse la queja o reclamo, bajo sanción de cortarse el servicio y encima dependiendo del monto, comunicar a la central de riesgo del Infocorp de la existencia de una deuda impagada y la condición de moroso del cliente, con el daño moral que esto implica porque automáticamente se convierte en una persona no sujeta de crédito, un paria.

Algo similar ocurre con las honras de los ciudadanos, que después de la vida y la libertad, es el valor más preciado que tenemos las personas, la que por más que las leyes prevean mecanismos para resarcirla en caso de daño, nada ni nadie la puede restaurar al estado en que se produjo el agravio, es un cristal que sufrido deterioro, nunca vuelve a su estado original, en el imaginario de la gente siempre quedará la duda acerca del comportamiento o accionar de una persona a la que se la sindicado de sinvergüenza, corrupta o de integrante o cómplice de una organización criminal, o similares cargos.

En el Perú diariamente comprobamos lo fácil que es traerse las honras abajo, lo solícitos que estamos como sociedad, en especial los medios de comunicación y las redes sociales, para crucificar a las personas por trascendidos, rumores, noticias sin confirmar, dichos de terceros o de oídas, sin detenerse a hacer el mínimo análisis de los hechos que se pretenden imputar, zurrándose en el derecho fundamental recogido en la Constitución de que gozamos los ciudadanos, al respeto y a la buena imagen, a que no se ponga en cuestión su moral y se considere su dignidad, en suma al Derecho al Honor y buena reputación, la que solamente puede verse afectada por una sentencia judicial firme, sobre lo cual ya no proceda una revisión o impugnación.

Nadie discute que hay inconductas de carácter ético altamente cuestionables en las que suelen incurrir autoridades o personalidades que arrancan la indignación de la opinión pública y que no hace necesario de un juzgamiento en sede judicial para tener por desmerecida la imagen de tales personas, estas mismas son las exponen con su accionar el deterioro de su buen nombre, pero de ahí a desearles la cárcel, llenarles de improperios por cuanto espacio privado o público exista, es otro tanto. Atentar contra las honras de las personas, no solo causa perjuicio a la misma, también acusan el golpe, el agravio su entorno familiar, la estigmatización, la inestabilidad emocional, la impotencia por este atropello puede desencadenar un desenlace fatal, de la que todos como sociedad somos y seremos responsables, sea por haber participado del linchamiento popular o por no haberlo condenado públicamente.

Reflexionemos.

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