Lima: el fracaso del estado de emergencia

Salir a la calle en Lima se ha vuelto una especie de deporte extremo. Cada esquina, cada cuadra, trae consigo la sensación de que algo puede pasar: un asalto, un robo, o algo peor. Y mientras tanto, el gobierno sigue insistiendo en el estado de emergencia como su gran solución y acierto, una medida que ya suena más a un chiste que a una estrategia real. La inseguridad no solo persiste, sino que parece haber aprendido a convivir con nosotros, mientras las autoridades no logran salir del letargo.

El miedo a salir de casa: rehenes en nuestra propia ciudad
Hoy en día, la idea de salir a la calle, ir a una fiesta, reunirse con amigos o incluso tomar el transporte público son actividades que ahora se calculan en función del peligro. Las noticias de robos, asaltos y, lo peor de todo, asesinatos son constantes y han creado un espacio público donde la libertad parece haberse esfumado.
Vivir así tiene consecuencias más allá de lo físico. La inseguridad no solo afecta nuestros bolsillos cuando nos roban, también destroza nuestra mente. El estrés constante, la paranoia y el desencanto se han convertido en moneda corriente para todos los peruanos.

Desconfianza en las autoridades: ¿los protectores son los que fallan?
Lo que agrava esta situación es que ya nadie confía en la policía. Las fuerzas de seguridad, las que deberían hacernos sentir protegidos, son vistas como una especie de club de ineptos. Entre corrupción, ineficacia y abuso de poder, se va teniendo en claro que la verdadera amenaza no siempre viene de los delincuentes, sino de un sistema que se ha podrido desde adentro.

Soluciones implementadas en otros países: lecciones para Perú
Mientras acá seguimos atascado en la ineficacia de sus estados de emergencia, países como El Salvador, Honduras y Costa Rica han tomado medidas radicales que ofrecen aprendizajes importantes.
El Salvador, bajo la gestión de Nayib Bukele, ha optado por una estrategia de mano dura, deteniendo a casi 75,000 personas desde marzo de 2022 bajo un estado de excepción que permite arrestos sin orden judicial. Esto ha reducido los homicidios en un 71%.
Honduras ha combinado un enfoque represivo con reformas estructurales. En 2024, la presidenta Xiomara Castro lanzó el “Plan de Soluciones Radicales”, que incluye la clasificación del narcotráfico como terrorismo y la construcción de nuevas prisiones. Además, el gobierno ha intervenido en zonas críticas, atacando delitos como sicariato y extorsión. Este enfoque busca ir más allá de las medidas de emergencia, apuntando a una solución integral.
Por otro lado, Costa Rica ha adoptado un enfoque más institucional, invirtiendo en la modernización de su sistema judicial. La implementación de sistemas informáticos modernos, como el Sistema de Seguimiento de Casos (SSC), ha sido crucial para agilizar los procesos judiciales y reducir un 75% los costos por caso. Además, la capacitación y profesionalización de los operadores de justicia garantiza que estos estén mejor equipados para enfrentar delitos complejos. La clave del éxito costarricense radica en la coordinación interinstitucional y la transparencia, elementos que no solo combaten el crimen, sino que restauran la confianza pública en el sistema judicial, algo que en Perú parece una utopía.

¿Y ahora qué?
Es momento de despertar y empezar a exigir a las autoridades lo que nos deben: seguridad real. Los jóvenes no podemos seguir siendo simples víctimas en un sistema que ha fracasado una y otra vez. Las experiencias internacionales demuestran que revertir la inseguridad es posible, pero no con promesas vacías ni medidas superficiales. Necesitamos acción concreta, y si los gobernantes no están a la altura, debemos presionar hasta que lo estén. Es hora de que les hagamos entender que no merecemos vivir con miedo, sino en una ciudad donde podamos caminar tranquilos.

Por Leonardo Libertto

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