Licitaciones a medida

En julio de 2025, el Gobierno Regional de la Libertad, bajo la gestión del gobernador César Acuña Peralta, adjudicó dos contratos públicos por más de S/ 315 millones a la empresa LC y EC Constructora Consultora y Servicios S.A.C., empresa creada en 2023 y representada por Lucero Coca Condori, joven de 23 años sin título profesional ni experiencia comprobada en infraestructura.
La empresa obtuvo la buena pro para el mejoramiento del Corredor Vial Norte, por S/121,578,572, y la ampliación del Hospital de Virú hechas por el Gobierno Regional de La Libertad bajo la gestión de Acuña, por S/193,986,289. La inquietud no proviene solo del monto adjudicado, sino de indicios de concertación y direccionamiento.
El libro de visitas oficial revela que, semanas antes de los procesos, el padre de la empresaria, Juan Carlos Coca Rojas, se reunió con el mismo gobernador. Poco después, Lucero Coca sostuvo encuentros con funcionarios, incluidos dos que participaron directamente en las licitaciones. Además, varios miembros de los comités evaluadores fueron los mismos en ambos casos, reforzando la hipótesis de que las licitaciones fueron “hechas a medida”.
En este contexto la Contraloría General de la República emitió informes que advierten: a) Omisiones graves en las bases de los concursos. b) Falta de criterio técnicos y mínimos y c) Distribución irregular de componentes clave en las obras adjudicadas.
En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción inició diligencias preliminares con exhibición de documentos y allanamientos en oficinas regionales. Los hechos podrían configurar a) Colusión agravada (art. 384 del Código Penal): Reuniones previas, falta de idoneidad técnica y posible manipulación del proceso. b) Negociación incompatible (art. 399 Código Penal): Aprobación de la contratación sin verificación real de la solvencia técnica y/o c) Tráfico de influencias (art. 400 del Código Penal): Contactos familiares y políticos para obtener ventajas indebidas.
El caso trasciende lo administrativo: revela un patrón de captura institucional donde la contratación pública se convierte en instrumento de clientelismo político. La trayectoria de Acuña, marcada por denuncias por uso de recursos estatales para fines partidarios y acusaciones de plagio académico, vuelve a estar bajo escrutinio, ahora por un presunto esquema de desvíos de recursos públicos.
Las investigaciones apenas comienzan, pero la magnitud del caso exige una respuesta firme. No es una licitación irregular más: es un ejemplo de cómo la corrupción puede revestirse de legalidad para vaciar al Estado en beneficio de los más turbios intereses privados.

Por Armando Núñez Peralta

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