“Lawfare” o uso innoble de mecanismos legales para destruir al opositor
Mi artículo de la semana pasada estuvo referido a la expresión “para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”, que describe la actitud de gobernantes opresores y que estimo perfectamente aplicable a lo que sucede hoy en nuestro país.
Considero necesario seguir el hilo, luego de ser ingratamente sorprendidos por la decisión judicial del día viernes último, que ratifica la injusta prisión preventiva dictada contra Keiko Fujimori. Solo en la lógica de la persecución política se puede hallar razón que explique por qué tres magistrados mantengan una medida arbitraria y violenta en extremo contra la actual lideresa del fujimorismo, pese a que ella no ha gobernado el Perú y por tanto jamás ha otorgado ni firmado contrato, concesión ni adenda alguna y menos aún exista indicio o prueba de algún ilícito en que pudiera estar incursa, como sí sucede –y en abundancia– respecto de otros personajes cuyas investigaciones no avanzan y están en libertad e incluso en el poder.
El término “lawfare”, que abrevia dos palabras anglosajonas para referirse, en el campo internacional, al uso de mecanismos jurídicos como armas de guerra, viene siendo hoy usado para describir la manipulación o uso malicioso de las instituciones legales por parte de los gobiernos para acosar a sus opositores y predisponer a la opinión pública para justificar tal acoso y destrucción de toda disidencia u opinión o acción discrepante.
Se acusa de usar la “lawfare”, o “guerra jurídica” tanto a gobiernos de derecha como de izquierda, haciendo desde ya la salvedad respecto a lo limitante que es usar estos últimos vocablos como etiqueta de ideologías.
La “lawfare” supone un período de adoctrinamiento o entrenamiento de los operadores de justicia, el que si nos referimos al caso del Perú se ha venido dando intensamente –y asi lo hemos denunciado– desde el 2001, mediante cursos y viajes organizados por ongs, seudo defensoras de derechos humanos y de clara ideología marxista, a jueces y fiscales. Ese entrenamiento se tradujo primero en el juzgamiento benévolo y laxo a delincuentes terroristas y hoy se traduce en acoso a los opositores al gobierno de M. Vizcarra (que ya marcó su izquierdismo al resaltar como alternativa de derecha al actual gobierno de Brasil) y beneficia también a exfuncionarios de gestiones pasadas cercanos ideológicamente. Supone también otorgar prebendas a los operadores de justicia, como contratar a parientes cercanos en cargos de confianza altamente remunerados.
Sin duda en el Perú de hoy está declarada una repudiable guerra jurídica.
