Lawfare Latinoamericano
Hace unos años una excandidata municipal del interior del país me reveló que había pasado por una dura experiencia. Enfrentó varias denuncias penales iniciadas desde el mismo momento en que postuló al gobierno local de su región. La mayor parte de estas denuncias estaban motivadas por noticias de diarios locales y promovidas por la oposición. En ese entonces me pareció una terrible, burda y aislada mala práctica que podía desincentivar a los ciudadanos en sus legítimas aspiraciones políticas. También que el Poder Judicial sería un ámbito muy difícil de utilizar para tales prácticas. Sin embargo, el eco que recibió este caso en el Poder Judicial me recordó cómo mediante el lawfare se puede utilizar la ley para descreditar a los adversarios políticos.
Lawfare (literalmente “guerra jurídica”) es la expresión que utilizaron por primera vez autores australianos para denunciar cómo en la aplicación del derecho se había transitado de la humanidad hasta la barbarie. Usada por Hugo Grocio en su obra La Libertad de los mares (1609) para dar cuenta de las “guerras no militares”, la expresión también fue utilizada por Qiao Liang y Wan Xiangsui, dos coroneles del Ejército Popular de Liberación chino (EPL), en su obra conjunta Guerra irrestricta (1999). Al respecto, existe un importante desarrollo del uso del derecho como un arma en diversas controversias internacionales, aunque hoy en día se ha trasladado al ámbito de la política. El ex presidente estadounidense John F. Kennedy dijo una vez que “se puede utilizar la ley para socavar a los adversarios”.
El fenómeno del lawfare, conocido también como “judicialización de la política” o “instrumentalización de la justicia”, se caracteriza por la aplicación de ciertas dinámicas como las siguientes: 1. Hacer público el caso judicial en el momento en que signifique mayor costo político para la persona o el grupo desprestigiado; 2. Colocar en lugares estratégicos a “técnicos” que puedan servir para atacar al adversario y también para prevenir algunos riesgos; 3. El doble rasero, visibilizando algunos casos y escondiendo otros; y 4. Un “periodismo de guerra” que magnifica algunos casos y minimiza otros. Si pasamos por esta especie de filtros los acontecimientos de nuestra realidad política de hace algunos años y también en la actualidad, concluimos que en el Perú ya se ha instalado esta mala práctica con sus singularidades.
Las experiencias latinoamericanas de Argentina, Bolivia, Brasil y Ecuador revelan que las acusaciones o denuncias políticas siempre han ido de la mano con una reorganización judicial para mover de forma conveniente algunas piezas. En estos escenarios fueron utilizadas herramientas jurídicas como las prisiones preventivas como regla, las intervenciones de las comunicaciones excediendo los límites legales y su difusión para convertir los procesos en espectáculos, las colaboraciones premiadas, las imputaciones por organización criminal con criterios modulables, entre otros.
Con el paso del tiempo, lejos de una “guerra jurídica” lo que se ha instalado en nuestro país es una permanente violación de las garantías más elementales del Estado constitucional de derecho. Parece que para algunos vale todo con tal de alcanzar el “poder”. Este estado del lawfare es el que finalmente determina el desdén con el que muchos ciudadanos miran la política actual. Se echa de menos aquellos tiempos en que aspirantes muy bien preparados participaban en debates políticos de gran factura. Sólo quedan los recuerdos de buena política.
