Lawfare a la boliviana

El martes 8 de enero de 2019, escribí en esta misma columna acerca del uso innoble de mecanismos legales para destruir a un opositor, fenómeno que ha sido etiquetado como lawfare, palabra que reúne dos vocablos anglosajones y que hoy se aplica a los gobiernos que convierten a las instituciones públicas en puros, y muchas veces impúdicos, instrumentos de acoso político, llegando incluso a manipular a la opinión pública para predisponerla a favor de la persecución y de justificar con ello la destrucción de toda discrepancia.

Esa vez tomé como ejemplo el caso de Keiko Fujimori, acosada por veinte años de interminables investigaciones fiscales y congresales y privada de su libertad por casi dos años, sin que ella hubiera tenido jamás cargo público que le diera manejo de recursos estatales, intervención en contrataciones de obras o servicios públicos y, por último, sin estar siquiera vinculada a indicios de delito en la esfera privada. La razón de ser de este acoso es evidente: su potencial protagonismo político y luego su ya real condición de lideresa de una opción política.

Esta vez vuelvo a tocar el tema del lawfare, para referirme al caso de otra mujer política, la expresidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez Chávez, privada de su libertad en abuso de la detención preventiva, desde el 14 de marzo de 2021, por supuestos actos de terrorismo, conspiración y sedición cuando ejercía como segunda vicepresidenta del Senado de Bolivia y luego asume la presidencia de la República ante la renuncia del reelegido Evo Morales.

Obviamente el acoso hacia la expresidenta Áñez proviene de personajes del partido de Morales. Pese a que la expresidenta Áñez permaneció en Bolivia luego de que en noviembre de 2020 culminara su periodo presidencial de apenas un año, la judicatura sustenta su carcelería en supuesto peligro de fuga. El plazo inicial de cuatro meses de detención fue ampliado a solicitud de órganos dependientes del gobierno boliviano a cargo de Luis Arce, quien fuera por doce años ministro de economía y finanzas de Morales.

Pese a que Arce asumió el poder elegido con base en normas transitorias dictadas durante el mandato de Áñez, a ella se le acosa bajo el supuesto de haber provocado un golpe de Estado el 2019.

Es tal el ensañamiento que una orden de amparo constitucional para que Áñez sea trasladada a un centro médico privado ante el grave deterioro de su salud, ha sido incumplida por burócratas del inpe boliviano.

¡Urge reclamar por la inmediata libertad de Jeanine Áñez!

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