Lava Jato peruano

Si bien el vómito negro de Odebrecht permitirá develar quiénes realmente movían los hilos por el lado peruano para facilitarle a la gigante brasileña el gran robo en las obras públicas, los avances de las investigaciones fiscales sobre el ‘Club de la Construcción’ revelan una crisis estructural al borde de la metástasis que exigirá una radical reforma de la inversión pública, más allá de las condenas a líderes políticos, funcionarios públicos y ejecutivos de las más pintadas empresas constructoras locales.

¿Qué es el denominado ‘Club de la Construcción’? De acuerdo a las investigaciones preliminares del fiscal de lavado de activos Germán Juárez Atoche, se trata de un mecanismo similar al escándalo Lava Jato brasileño, mediante el cual un grupo de empresas constructoras concerta estrategia y acciones para repartirse la obra pública presupuestada anualmente teniendo como cómplices a funcionarios públicos, que se encargaban de hacerlos ganar en los concursos a cambio, obviamente, de una suculenta coima que alcanzaba hasta el 5 % del valor económico del proyecto.

Si bien las investigaciones se concentran en el periodo 2011 al 2014, es bueno advertir que el referido mecanismo ha estado siempre en las carpeta de investigaciones no solo del Ministerio Público sino del Poder Ejecutivo, Congreso y en medios de comunicación, pero carecía de colaboradores eficaces y de incentivos adecuados para impulsar y garantizar un debido proceso. Obviamente, también se contaba con la presión de los interesados que bloqueaban cualquier tipo de investigación a cambio de sobornos y chantajes a todo nivel. Y esa estrategia también incluía el financiamiento de campañas políticas. ¡Mismo Odebrecht!

Es bueno advertir que la inversión púbica ha sido siempre la mayor tentación de los grupos empresariales mercantilistas, por el creciente monto anual subastado. De acuerdo a información del BCR, la inversión pública ha pasado de S/ 19,800 millones en el 2009 a más de S/ 30 mil millones en el 2018. Si le aplicamos el 5 % de la tasa de soborno, implica un robo garantizado al Estado de 1,500 millones de soles ¡sólo en el último año!

No hay que olvidar que la tasa de soborno de 5 % prácticamente se ha institucionalizado. Recuerden los diálogos grabados por el congresista Moisés Mamani, donde se revelaba que a los legisladores también se les ofrecía la misma tasa por incluir una obra en el presupuesto de la República. Una denuncia que ha quedado sin mayor investigación por los oficiosos congresistas, que ahora “exigen” una comisión especial para investigar al ‘Club de la Construcción’. ¿Se investigarán ellos mismos como parte del mecanismo de Lava Jato peruano? La caja de Pandora de la corrupción recién se está abriendo.

José Luis Patiño V.

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