Las ONG atacan al Perú
El comunismo y su aliado, Sendero Luminoso, persisten en consolidar el poder que espuriamente saborearon, gracias al iletrado golpista Pedro Castillo; fina cortesía de ese sujeto impresentable, comunista y, claro, abogado defensor de genocidas de la banda de Abimael Guzmán, llamado Jorge Luis Salas Arenas. Como vemos, el terrorismo continúa trabajando con sus ahora blanqueados aliados del marxismo criollo infiltrados en la Presidencia de la República, en el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y, en general, en las más altas esferas del Estado.
Visto aquello en perspectiva, la situación política del Perú seguirá siendo realmente preocupante, mientras esta nación continúe con la cúpula de sus poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial integradas por la escoria extremista, como actualmente vemos en esos cenáculos del poder. Por eso, las entrantes elecciones del 2026 adquieren cada hora mayor trascendencia política y estratégica, debido a que en ellas el país optará, bien sea por liberarse de manera definitiva del amago de las izquierdas peruana y regional, o, en todo caso, por pasar a ser, definitivamente, otra colonia marxista sin derecho a retroceso, tal como ocurre en Cuba y Venezuela.
Lamentablemente, estando apenas a dieciséis meses de los comicios de abril de 2026 y viendo cómo sigue desenvolviéndose la sagaz y constante invasión del Estado por las izquierdas, agravada por la usualmente muy cobarde actitud de la gente de derechas, las perspectivas a futuro no resultan auspiciosas.
Ayer supimos que la ONG IDL, a través de su representante Cruz Silva, así como la Coordinadora Nacional de DD. HH., representada por Jannie Dador —ambas afines a la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), principal fuente financiera de las oenegés en este país, regentada por el gobierno que aún dirige Joe Biden— vienen haciendo lobby para evitar que nuestro Poder Judicial aplique la ley que regula el tratamiento para los cadáveres de terroristas fallecidos en prisión. En este caso, del terrorista perteneciente al MRTA, Miguel Rincón. ¡Esto claramente es un intolerable atentado contra el Estado de derecho! Y, en caso de que la agencia norteamericana contribuya con la más mínima gestión y/o financiamiento con recursos económicos, constituiría además una impertinente violación a la soberanía peruana.
El lobby que tanto la ONG IDL, propiedad de Gustavo Gorriti, y su par, la CNDDHH (Coordinadora Nacional de DD. HH.), gestionan hoy ante la Agencia para el Desarrollo Interamericano AID —vía un documento titulado “La venganza o el ensañamiento no pueden ser política de Estado”— apunta a violar nuestra Constitución. Durante dos décadas, el MRTA no hizo sino, criminalmente, “vengarse del Estado peruano y violar su Constitución”. Y la función que desarrolla la ONG IDL refleja otro ensañamiento agravado contra la mayoría de peruanos que repudian a las ONG por considerarlas adversas al país. Se trata de organismos financiados y controlados por personas extranjerizantes, invasivas, cínicamente defensoras de terroristas/genocidas que ferozmente luchan por secuestrar el poder. ¡Consecuentemente, son enemigas de la democracia peruana!
La embajadora norteamericana debería tomar nota de este otro intento por una organización proterrorista para agraviar y dañar a nuestro país.
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