Las múltiples aristas del Gasoducto Sur Peruano

La semana pasada, el caso del Gasoducto Sur Peruano (GSP) retornó nuevamente al centro de la noticia, con la decisión del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de dictar prisión preventiva por 36 meses al conocido ejecutivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata.
Califico la medida de pirotecnia mediática por dos razones: es iluso pensar que Barata vendrá al Perú para que lo detengan y, por otro lado, habrá una discusión legal en el contexto del acuerdo de colaboración eficaz entre la fiscalía peruana y los ejecutivos de la empresa brasileña, con la participación del aparato judicial de ese país. La posibilidad de extradición es un sueño utópico.
La investigación preparatoria del caso ha culminado, y la fiscalía deberá presentar la acusación para el control judicial. Para el inicio del juicio oral transcurrirán no menos de dos años. En el interín, tendremos dos laudos arbitrales por demandas ante el CIADI de los socios del consorcio que se adjudicó el GSP: Odebrecht Latinvest y Enagás, que han solicitado un resarcimiento económico por 2,000 millones de dólares (MMUS$).
La probabilidad de que el laudo sea desfavorable al Estado peruano es altísima, debido a las decisiones erradas tomadas por el Estado desde enero del 2017, cuando el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) decidió declarar la caducidad del contrato, entre ellas el comprometerse a pagar el valor contable neto de los bienes.
Entre los estropicios gubernamentales de la gestión de PPK y su “gabinete de lujo” está el costo de custodia de los bienes del gasoducto, que hasta el momento ha alcanzado el orden de 350 MMUS$, excediendo en un 35 % el monto de la carta fianza que el Estado le ejecutó al consorcio.
Hay más aristas aún. Recientemente, la española Enagás, que controla a las empresas Transportadora de Gas del Perú (TGP) y Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA), encargadas del gasoducto Camisea-Lima y el poliducto Camisea-Pisco, ha solicitado, con propaganda incluida, tender un gasoducto costero entre Humay (Pisco), Mollendo e Ilo.
Es decir, nos demandan, les cuidamos los bienes a costo de la caja fiscal, les tendremos que pagar por esos bienes, que nos los pueden recomprar a precio de remate, y ahora nos piden que les demos el gasoducto costero a solicitud de parte. Qué poquito nos queremos.

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