Las intenciones de las reformas políticas del sistema judicial al descubierto

El proyecto de reforma judicial presentado por la congresista Gladys Echaíz, ex fiscal Supremo y ex Fiscal de la Nación (6816/2023-CR), tiene por evidente objetivo desaparecer a la Junta Nacional de Justicia y concentrar en un solo organismo las funciones de la Academia de la Magistratura, y de la JNJ, esto es, la máxima concentración de poder en un Consejo Directivo integrado por un fiscal supremo, un juez supremo y un director de escuela de post grado de Derecho, que probablemente se convierta en el Director operativo de la Escuela Nacional de la Magistratura que reemplazaría a ambos organismos.

Se advierte pues que la vocación de concentración del poder de capacitar, perfeccionar, nombrar, evaluar, destituir, jueces y fiscales, y hasta nombrar a las autoridades de nacionales de control del Poder Judicial y Ministerio Público, convertiría a este nuevo organismo en un peligroso ente de dominio del sistema de administración de Justicia; lo que es antitécnico en organización del Estado, porque la concentración de poderes va en contra de la necesidad de limitar el ejercicio del poder, para que las organizaciones no se sientan tentadas a caer en el abuso del poder y en la corrupción.

Los miembros de ese Consejo Directivo se convertirían en los dioses del Olimpo judicial, con una alta peligrosidad de incurrir en arbitrariedades que impactarán en la calidad de la administración de Justicia.
Resulta muy evidente que la iniciativa del proyecto habría salido del escritorio de un director de Escuela de Post Grado de Derecho con muchas ansias de controlar el Poder Judicial.

Para redondear el control político, siempre el Congreso podrá remover a los miembros de la Escuela Nacional de la Magistratura, por causa grave, con lo cual se asegura el sometimiento del Poder Judicial al Poder Legislativo, ya que las causas graves hemos visto, las inventan a pedido.

Reformar la Academia de la Magistratura para que sea un tamiz de aspirantes a jueces y fiscales, es una buena propuesta, la que hay que reglamentar con mucho cuidado para que tampoco se convierta en cuello de botella para el acceso de sólo los allegados, considerando que en el Japón, para ser juez o fiscal, los aspirantes son seleccionados del tercio superior de las escuelas de Derecho de las Universidades, y ejercen esos cargos con alta competencia intelectual y moral.

No pretendamos cambiar una problemática moral y de idoneidad intelectual a nivel judicial, con medidas de concentración extrema del poder.

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