Las corruptas “autoridades” del Perú

La degeneración del Estado peruano es sostenida, integral y sumamente peligrosa. Es evidente que continuamos cuesta abajo en todo orden de cosas. Esto no solo hay que decirlo, sino repetirlo, por más que algunos lectores lo consideren fatalista. Lo que, ciertamente, no es la intención de este escriba. Más bien, las realidades, sean estas positivas o negativas, hay que destacarlas para, de algún modo, entender la crítica situación en la que se encuentra nuestro país. Tanto para felicitarnos por aquellas escasas buenas noticias como para indignarnos cuando conocemos lo contrario.
Como la trágica caída de toda una gigantesca estructura de concreto –que formaba parte del techo circular del centro comercial Real Plaza de Trujillo–, desplomándose sobre decenas de personas que, en ese instante, se encontraban en ese concurrido local, provocando un doloroso saldo de ocho personas muertas y ochenta heridas.
A la vista de los resultados, el congresista Alejandro Cavero –y quienes rechazaron el cierre de ese centro comercial cuando el exalcalde trujillano Arturo Fernández lo clausuró por deficiencias en sus estructuras– ahora debieran tener el rabo entre las piernas, porque dicha clausura obedeció, precisamente, a que el municipio trujillano detectó graves fallas estructurales en su edificación. Tanto que, tres días después del fatal accidente del domingo último, diversos municipios en varias partes del país dispusieron el cierre de locales del Real Plaza para verificar sus estructuras.
Esto coincide con la introducción de esta columna, denunciando la degeneración del Estado peruano, reflejada en leyes absurdas –generalmente promulgadas para apoyar o perjudicar a alguien– por un Legislativo mayormente habitado por zombis. Porque hoy hemos llegado a tal extremo de desvaríos que, tras el cierre del Real Plaza en el año 2023 por el exalcalde de Trujillo Arturo Fernández, los legisladores promulgaron una norma poniéndole trabas a las autoridades ediles para que estas no clausuren locales donde asista el público, como centros comerciales. Por cierto, Real Plaza Trujillo denunció penalmente a todos los inspectores municipales que detectaron deficiencias y ordenaron su clausura hace dos años, impidiéndoles que investiguen los serios problemas que habían detectado.
Así como estas, existen muchas normas que no tienen sentido. Porque, como acabamos de comprobar, de haber procedido el cierre del Real Plaza en el año 2023 –sin interrupción por presiones fácticas ligadas a la corrupción–, no hubiese sucedido la desgracia que vivimos el trágico domingo pasado. Por cierto, el alcalde Fernández tampoco debió ser vacado por “clausurar en forma indebida” el Real Plaza de Trujillo ni ser criticado, entre otros, por el legislador Alejandro Cavero. Más bien, debió ser condecorado por su valentía al enfrentarse al poder fáctico característico de nuestra sociedad, que sigue invicto sin importarle si cumple o no con la ley.
¿Acaso veremos repetirse esa figura del ataque mediático y del abuso del Legislativo para promulgar leyes en defensa de quienes se sienten reyes por el poder que ostentan, sea político, mediático, económico o el que fuere? ¡Cuidado, que los peruanos son capaces de votar nuevamente por el extremismo si permanece vigente este nefasto poder oculto!

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