La vulnerable defensa del Estado
El caso de la ex procuradora Silvana Carrión nos permite analizar la vulnerabilidad de los órganos de defensa del Estado, tanto ante presiones políticas como de otra índole. Su papel en el proceso contra Odebrecht es objeto de muy severos cuestionamientos, por presuntas irregularidades y presiones externas y/o políticas. Hechos que, finalmente, definieron su destitución.
En diciembre de 2024, un grupo de abogados presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Carrión, y los fiscales José Pérez, Rafael Vela y Zoraida Ávalos, imputándoles presunto encubrimiento por permitir presuntas irregularidades en el “acuerdo de colaboración eficaz” con Odebrecht, firmado en secreto el año 2019. Allí se pactó la mísera reparación civil de S/ 610 millones, pagadera en 15 años, sin intereses, por el inconmensurable perjuicio económico y reputacional causado al Perú. En junio de 2025 la Procuraduría General del Estado retiraba a Carrión del cargo, alegando “pérdida de confianza” ante la podredumbre demostrada por este, como tantos otros “defensores” del Estado, corrompidos y desesperados por ambiciones políticas, económicas, etc.
Hoy Carrión continúa victimizándose, conocedora de sus sospechosas fechorías y su infamante conducta como procuradora del affaire Odebrecht. Según declaró como invitado ante la comisión que investiga el acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado y Odebrecht, el penalista Julio Rodríguez concluyó que Silvana Carrión incumplió su obligación de defender al Estado “por lo menos, en el tema de colaboración eficaz, donde yo creo que existe omisión de funciones, porque ella permitió que la Odebrecht se beneficie a costa de todos los peruanos. Solo se satisfizo con una reparación y no buscó que la empresa -con la que ella estaba transando- se abstenga de demandar más adelante al Estado. Como efectivamente sucedió; a tal extremo que es muy probable que nos gane (esa demanda)”.
Para la ex procuradora del caso Lava Jato, Katherine Ampuero, Carrión no solo habría cometido omisión de funciones, sino encubrimiento real, personal. “Hay una evidente omisión de funciones, porque no defendió los intereses del Estado. Se ha comportado como la abogada de Odebrecht; y también podría estar tipificándose su conducta como encubrimiento, tanto personal como real. Porque cuando ella asume la Procuraduría, sabía que existía una investigación abierta contra Odebrecht y (Jorge) Barata por el caso Gasoducto y por el caso Rutas de Lima. Sin embargo, aceptó firmar un acuerdo de colaboración eficaz donde ella NO incluyó aquellas imputaciones”, reveló Ampuero a EXPRESO, agregando: “La ex procuradora Silvana Carrión omitió colocar en la documentación que, también, existieron hechos de corrupción de Odebrecht en otros proyectos”, por más que esta corrupta constructora no aceptase tal responsabilidad.
“Si bien no podemos obligar a un aspirante a reconocer su responsabilidad, sí es obligación de las autoridades poner los hechos que se le imputan, aunque ellos no acepten esa responsabilidad penal”, dijo Ampuero ante la comisión congresal que investiga el infame acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado y Odebrecht.
Saque sus conclusiones, amable lector. El Estado peruano se encuentra como está por culpa de gente como Silvana Carrión, falaz “superestrella anticorrupción” respaldada por la mafia caviar.
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