La violencia consentida
Todos los días despertamos con una noticia de violencia a las mujeres, todos los días sin exagerar. Las estadísticas rompen el escepticismo: 54.9% de las mujeres han sufrido violencia familiar por parte de su pareja o expareja alguna vez en su vida, según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2021). Casi el 50% de víctimas de feminicidio tenían menos de 30 años.
El perpetrador es casi siempre la pareja o la expareja, y las causas prevalecen entre los celos, la venganza, la supuesta infidelidad y la negativa de continuar con la relación. De otro lado, entre el 2017 y el 2021, se registraron 54,546 casos de violencia sexual contra la niñez y adolescencia. Cifras dolorosas de una violencia consentida por un Estado indiferente que invierte poco y mal.
Del total de los 812 millones de soles asignados al presupuesto del sector Mujer para el periodo fiscal 2023, el 59.3% de este se estaría ejecutando en líneas de intervención como son: lucha contra la violencia a la mujer y el grupo familiar; prevención de la violencia contra la mujer y el grupo familiar; y atención oportuna de niñas, niños y adolescentes, entre otros. Asimismo, el Programa Presupuestal orientado a Resultados para Reducción de la Violencia contra la Mujer cuenta con recursos por la suma de S/ 258.9 millones.
En lo que va del año, ¿en qué se está invirtiendo? Entre los grandes problemas de la ejecución de estos programas se encuentran: las metas físicas no se articulan con otros sectores como salud y educación, además son inconsistentes con los productos planteados; poco apoyo y participación de los gobiernos locales y regionales; la mayor parte del gasto se destina a servicios logísticos y servicios de atención legal, psicológica y social a cargo de personas naturales y jurídicas externas. Es decir, la inversión no se refleja en un servicio permanente y descentralizado pues se sigue trabajando con acciones aisladas, divorciadas y carentes de monitoreo entres las instancia de gobierno y los sectores involucrados.
Finalmente, queda pendiente la eterna deuda de trabajar la prevención desde la casa, las escuelas, las universidades, los institutos, los centros de labores. Aún nos falta mucho para que los municipios se den cuenta que combatir la violencia a las mujeres es una prioridad de seguridad ciudadana. La educación es vital, tiene el rol protagónico en la prevención de la violencia promoviendo una cultura de respeto entre hombres y mujeres, y a las diferencias. Ser conscientes de que todos somos personas, que poseemos dignidad y nuestros derechos terminan donde empiezan los de los demás. Educar en valores, promover una cultura de denuncia y acompañamiento a la víctima. Dejar de consentir y tolerar la violencia es una obligación moral.
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