La seguridad ciudadana hay que recuperarla

El incremento del flujo turístico de viajeros nacionales e internacionales a nuestro amplio y variado territorio nacional depende de las condiciones que se le ofrecen, dentro de las cuales está la seguridad de que no será víctima de actos delincuenciales que hagan que su estancia en el Perú se caracterice por ser riesgosa y peligrosa.
Las últimas estadísticas nos dicen que se ha producido un aumento significativo de la actividad turística en nuestro país, pero no deberíamos quedarnos conformes con ello, sino conseguir que su incremento sea sostenido en los próximos meses y años. Para conseguirlo, es necesario que las condiciones que se ofrezcan a nivel nacional no sean únicamente de índole material, sino también de proyectar un ambiente de tranquilidad que genere la posibilidad de que el viajero se sienta cómodo y, especialmente, seguro.
La población peruana, así como los visitantes extranjeros, requieren estar tranquilos de poder recorrer diversas zonas de cualquiera de nuestras regiones, con la certeza de no verse expuestos a ser agredidos o sometidos a asaltos que terminen, por decir lo menos, incomodando su permanencia en nuestro territorio patrio. Razón por la cual, cada vez se hace más necesario y urgente que la autoridad gubernamental, de una vez por todas y de una manera decidida pero responsable, se ocupe de encontrar las soluciones más adecuadas a la actual situación de inseguridad en la que estamos viviendo, y no nos sigan mintiendo, mostrándonos cifras de control delincuencial que nadie cree ni menos entiende.
Se viene comprobando, según las estadísticas que se dan a conocer, que las declaraciones de Estado de Emergencia en diferentes distritos y/o provincias de nada han servido, pues terminaron siendo simples “declaraciones” y nada más. No se trata de encontrar culpables del manejo de la inseguridad, culpando a una u otra autoridad judicial y/o policial, con tal de eximirse de responsabilidad para enfrentar este ya considerado flagelo que afecta nuestro diario vivir.
Corresponde, sin duda, al Poder Ejecutivo la necesidad de organizar un trabajo planificado, pero suficientemente efectivo, que permita enfrentar con drasticidad la ola delincuencial que nos aqueja. Darle confianza a la autoridad policial, cual es la que está más cerca de los actos delictuosos, es dotarla de la seguridad de que el uso de sus armas de reglamento sirve para dar tranquilidad a la población. Asimismo, se hace necesario dotarla de los instrumentos logísticos que le proporcionen condiciones que aventajen a las que tienen los propios delincuentes; y, por cierto, sancionar con ejemplar severidad a los integrantes —felizmente pocos— de la Policía Nacional que, con sus actos de corrupción, enturbian la imagen de tan importante institución nacional.
Al respecto, finalmente, se debe llamar la atención de que se debe “poner un alto, ya” a los actos criminales que afectan y/o enlutan a muchos hogares de peruanos, los cuales perciben que, hasta estos momentos, no se está haciendo nada, o casi nada, por lograr que no se incremente la inseguridad ciudadana en el Perú. No tenemos más tiempo que esperar. Hay que actuar ya, antes de que la situación se extienda sin control, al comprobarse, por ejemplo, que ya ha llegado, inclusive, a las más altas esferas de organismos estatales, como es el caso del actual Congreso Nacional.
Es el colmo, pero esa es nuestra realidad.

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