La revocatoria fortalece la democracia

Las últimas encuestas difundidas el día de ayer, por el diario Expreso, evidencian el alto grado de deslegitimación al que han llegado nuestras más altas autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, y que, equivocadamente, algunos analistas consideran que es momento de que sean “las calles las que deben dejarse escuchar”; es decir, reemplazar la democracia por la oclocracia, como la “democracia de la muchedumbre”. Eso es lo que se debe evitar; pues, ello genera violencia y, muchas veces, una desnaturalización de la verdadera voluntad popular.

Los sistemas democráticos tienen a su alcance instrumentos, como instituciones políticas que, sin provocar o motivar la acción violenta de la población, o de un sector de ella, puedan expresar su voluntad política sin llegar a los extremos que producen daños materiales y/o físicos, e inclusive la muerte de gente inocente que pudo no haber estado participando directamente en los hechos violentos, generados por la reacción social, como consecuencia de la insatisfacción, descontento e impotencia de la ciudadanía de no poder encontrar una solución a su alto nivel de desconcierto.

En ese sentido, nuestro ordenamiento constitucional, para las autoridades regionales y municipales, ha previsto el ejercicio del derecho de la revocatoria por parte de los vecinos, permitiéndoles que frente a un elevado nivel de descontento con la gestión de su autoridad (llámese gobernador, consejero regional, alcalde o regidor), puedan retirarlo del cargo, sin esperar el término de su mandato. Ello, bajo el principio que, así como el pueblo tiene el derecho de dar poder, debe también tener el derecho de quitárselo oportunamente.

Lamentablemente, como si fuera un avance importante, el constituyente que produjo la actual Constitución Política de 1993 incorporó el derecho de revocatoria, como un derecho ciudadano de control político directo, pero como suele acontecer con frecuencia que, quienes producen la norma siempre se ponen a buen recaudo, evitando que estos mecanismos que existen en la democracia directa o semidirecta les alcancen también a ellos, se “olvidaron” de otro nivel de autoridades. O, lo que es lo mismo, producen normas que permitan “controlar a los otros, pero no a ellos”.

Razón por la cual, ya es tiempo que se comience a analizar la necesidad, impostergable, de que las autoridades que no se incluyeron en la institucionalización de la revocatoria también sean comprendidas. Por cierto, que las condiciones para su regulación o reglamentación tienen una especial importancia. Al respecto, por ejemplo, se debe reglamentar después de qué tiempo de asumir el cargo se puede promover la revocatoria de la autoridad y, en ese sentido, hasta qué momento es factible solicitarla. El número de firmas de los ciudadanos que promuevan la revocatoria, al igual que lo que acontece con las autoridades regionales y municipales, debe ser de un razonable 25%, calculado sobre la cantidad de la población que participó en las últimas elecciones generales; y, en la consulta de revocatoria deben votar, a favor de esta, no menos del 50% más uno de los votantes de las antes referidas últimas elecciones.

La ciudadanía tiene el derecho de rectificarse, si cometió el error a la hora de votar; en consecuencia, implementemos el funcionamiento de nuestra democracia con los instrumentos que la fortalezcan, para evitar errores posteriores y mayúsculos.

¿Será capaz el actual Parlamento de implementar el funcionamiento de la democracia en el Perú, para hacerla más participativa? Esa es la gran interrogante que únicamente los propios congresistas tendrán que responder.

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