La repugnante Fiscalía peruana

La portada de ayer de EXPRESO grafica el nauseabundo grado de corrupción al que hemos llegado, donde dos operadores de la Justicia —los fiscaletes Vela Barba y Pérez Gómez— transaron con el mayor delincuente de alto vuelo que recuerde nuestra historia, amparados por un delincuencial pacto de confidencialidad.
“Señor magistrado: el Ministerio Público desiste del requerimiento de prisión preventiva formulado contra los investigados José Alejandro Graña Miró Quesada y Hernando Alejandro Constancio Graña Acuña, como autores del delito de lavado de activos en agravio del Estado”, decía el 28 de agosto del 2019 el fiscal José Pérez en la audiencia del caso Interoceánica Sur delante de los inculpados José Alejandro Graña Miró Quesada y su primo.
Ambos fiscaletes escondieron bajo llave este pacto de la infamia. Pero gracias a un hábeas data presentado por el broadcaster y personaje político Phillip Butters, conocimos la verdad del trapicheo en que estuvieron el delincuente confeso José Graña Miró Quesada y el sátrapa Pérez Gómez. Ahora estalla otro nuevo episodio de inmundicias y corruptelas referentes a este caso emblemático de desvergüenza y complicidad —entre este contratista caradura de alto vuelo y dos operadores de justicia del Perú— alrededor de una de las operaciones más vergonzosas de asalto al Estado peruano. Hablamos de un pacto criminal de impunidad para lograr que ambos fiscaletes liberen de todo castigo a uno de los más emblemáticos mafiosos de la historia peruana.
José Domingo Pérez Gómez, Rafael Ernesto Vela Barba y Graña MQ le causaron un colosal perjuicio al Perú, permitiendo que este último se quede con parte del robo que perpetró al Estado y, adicionalmente, sin pagar un centavo por indemnización, multa, etc. ¡Sobre todo, sin purgar carcelería! Todo gracias al pacto secreto que Graña acordó con ambos fiscaletes. ¿A qué costo? ¡Es la gran interrogante que los peruanos demandan saber!
Repetimos. José Alejandro Graña Miró Quesada se salvó de la prisión porque, previo a la sesión a la que nos hemos referido líneas arriba, la fiscal Geovana Mori informó que este se había acogido al beneficio de colaboración eficaz en el caso Gasoducto. “Colaboración” para la cual, obviamente, NO aportó información suficiente a la Fiscalía como justificación para que los fiscaletes evitasen que pague muchísimos millones de dólares por concepto de indemnización al Estado por su estafa y demás fechorías perpetradas contra el Perú.
A su turno, por esa misma razón, Rafael Vela Barba y Domingo Pérez deben ser procesados, condenados y encarcelados por haberse confabulado con su investigado José Graña MQ. Además, porque Lima Airport Partners, socia mayoritaria del nuevo terminal Jorge Chávez, subcontrató un “selecto” conjunto de empresas para construirlo, incluyendo a Cumbra, división de Aenza, marca con que antes operaba Graña y Montero, estafadora del Perú propiedad de Graña MQ.
El periodista Diego Acuña denunció que el presupuesto para construir el nuevo terminal fue de US$ 700 millones; acabó costando US$ 1,050 millones. La congresista Norma Yarrow demandó explicaciones al exministro de Transportes Pérez Reyes (hoy en el MEF). Este jamás esclareció quién sufragará esta multimillonaria brecha. ¡Los caviares guardan silencio!

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