La república del silencio criminal

El río Pastaza lleva petróleo, pero también lleva muerte. Desde octubre de 2024, el Oleoducto Norperuano vertió al menos 40 barriles de crudo en este afluente esencial para la vida del pueblo Achuar, en Loreto. Han pasado más de siete meses y el Estado sigue ausente. Once personas han muerto —entre ellas seis niños— y más de 70 presentan síntomas graves de intoxicación por metales pesados. El agua que antes daba vida ahora enferma.
¿Qué hemos normalizado como país para que una tragedia de esta magnitud no provoque escándalo nacional? La historia de Esmi, una niña de 10 años que murió camino al centro de salud más cercano —a tres días de distancia en bote— debería helarnos la sangre. No hubo medicamentos, ni personal médico, ni ambulancia fluvial. Solo la indiferencia flotando entre ronchas, vómitos, tierra estéril y comunidades condenadas al abandono. No es un error del sistema. Es el sistema.
Jacob Espinar, líder de la Federación Indígena Achuar, viajó hasta Lima para exigir agua limpia, salud, pozo artesanal y remediación ambiental y habló con Infobae pero con nadie más. El Ministerio de Salud no lo recibió. La reunión multisectorial prometida se postergó por un cambio de gabinete. ¿Hasta cuándo aceptaremos que lo urgente se archive, que lo evidente se ignore y que la Amazonía siga siendo zona de sacrificio?
Pero el silencio del Estado no solo contamina ríos, también enmudece aulas. En la Universidad Nacional de Música, el actual presidente de la Comisión Organizadora, Wilder Santiago Braúl Gomero, enfrenta denuncias por acoso sexual y usurpación. Estos hechos, ocurridos antes de su designación, están en proceso de investigación en la Fiscalía de Ucayali. Y sin embargo, sigue en funciones, protegido por una inercia institucional que siempre actúa tarde, si actúa.
Llama la atención que ni el despacho de la viceministra de Gestión Pedagógica ni la Dirección General de Educación Superior Universitaria hayan tomado acción frente a denuncias tan graves. ¿Qué más se necesita para separar del cargo a alguien investigado por hechos tan sensibles? ¿Es esta la clase de autoridad que merece una institución artística y académica de prestigio nacional? La carta enviada por Lydia Hung Wong pide algo elemental: protección a los estudiantes, respeto a la educación y acción inmediata. ¿Estamos frente a otro caso donde el silencio institucional es más cómodo que la justicia?
Y en paralelo, como si el guion del abandono se repitiera, el Estado peruano acaba de ser obligado a pagar US$ 91 millones al consorcio Kuntur Wasi por la cancelación del contrato del aeropuerto de Chinchero. ¿El motivo? El Perú fue notificado del juicio en Canadá… y no se presentó. Otra vez, el silencio como estrategia. Otra vez, el costo lo pagamos todos.
Porque en este país, cuando no hablamos, perdemos. Cuando no actuamos, sangramos. Y cuando callamos demasiado, hasta lo que creíamos irremediable se vuelve rutina. Si dejamos pasar el derrame, el acoso y la omisión legal sin consecuencias, lo que se derrama ya no es petróleo: es el sentido mismo de la república.

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