La puerta giratoria interestatal

La crítica de la migración del funcionario estatal a la empresa privada de su sector se ha mantenido durante el período 1994-2021, con un cambio de giro a partir de diciembre de 2022, cuando se empezó a practicar entre instituciones y empresas estatales relacionadas, como es el caso del Ministerio de Energía y Minas, Petroperú S.A. y Perupetro S.A.
Cuando se trataba del tránsito de un alto funcionario estatal a la empresa privada, la crítica tenía como fundamento el uso de información confidencial y se tipificaba como un conflicto de intereses. Esto ocurría con aquellos que habían estado en Comités Especiales de Privatización o en los Reguladores, que luego terminaban como ejecutivos de las privatizadas.
Esta práctica migratoria se produjo intensamente entre 1994 y 2001, lo que derivó en una ley que impedía al funcionario saliente trabajar en el sector en el cual había sido funcionario durante un año. Transgresiones hubo, con pasantías ficticias a través de consultoras publicitadas.
Desde diciembre de 2022, empezó la rotación interestatal con la designación del señor Óscar Vera, funcionario de Petroperú, como Ministro de Energía y Minas, para lo cual solicitó licencia, quedando claro que retornaría. En su gestión, Perupetro, que era empresa de su ámbito, se puso al servicio de la petrolera estatal, dejando de lado su rol de ser la promotora de la exploración y producción.
Las cifras de la gestión del 2023 fueron desastrosas: cero pozos exploratorios, cero trabajos de sísmica en dos (2D) y tres dimensiones (3D), 6 contratos exploratorios, inversiones de tan solo 270 millones de dólares (MMUS$). Lejano queda el recuerdo de lo que se tenía en el 2011: 16 pozos exploratorios, 5,070 km de sísmica 2D; 2,964 km de sísmica 3D; 62 contratos exploratorios e inversiones por 1,644 MMUS$.
Terminado el ciclo Vera en febrero de este año, lo sucede otro funcionario de Petroperú, Jorge Pesantes, que también solicitó licencia, y sobre quien se dijo desde el primer día que estaba en conflicto de intereses, a lo que la CGR ha reaccionado llevándolo a la renuncia el pasado viernes.
Estamos ante ministros sometidos a los intereses de grupos del Congreso que imponen funcionarios al Ejecutivo. Es hora de que los responsables también carguen con el peso de su culpa.

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