La producción legislativa debe sanear la democracia

La reciente nueva presidenta del Poder Judicial ha manifestado lo que, desde hace mucho tiempo, venimos percibiendo respecto a las motivaciones y/o criterios que tienen los actuales parlamentarios para producir leyes y reformas constitucionales. Esto es, como lo hemos reiterado en innumerables oportunidades, una labor de producción legislativa en la que la búsqueda de la defensa de los intereses personales y/o de grupo político son los que sirven de fuente de inspiración al actual Congreso Nacional; es decir, el interés general o el bien común del pueblo peruano es lo que menos les interesa.
Los diferentes medios de comunicación llenan espacios o páginas para referirse y analizar una serie de normas que se han venido aprobando “entre gallos y medianoche” en estos últimos tiempos, razón por la cual resulta ser innecesario detenernos nuevamente para comentar alguna norma en particular, en lo que se debe de incluir aquellos proyectos de ley o de modificación constitucional que se quedaron sin aprobar. Para muestra “basta un botón”, y que confirma que el debate legislativo responde a los subalternos apetitos o aspiraciones de los propios “padres de la patria”, como es el caso del proyecto legislativo que especificaba qué delitos que habían merecido que las personas sean condenadas les impediría postular a un cargo de elección popular.
Pues, en ese ir y venir, los actuales parlamentarios que tienen sentencias condenatorias por algún delito doloso, con el afán de curarse en salud, eliminaban aquellos delitos que pudieran perjudicarlos y, de esa forma, estar imposibilitados de postular. En esa línea de conducta, y en vista de que no se pusieron de acuerdo, terminaron por mandar al archivo dicho proyecto.
En ese sentido, y con la aspiración de que nuestra democracia comience a institucionalizarse, pero limpiándola de malos elementos (o, mejor, de “personajes nefastos”), hay que colocar en el debate político la posibilidad, previa modificación constitucional, de que una persona que haya sido condenada por un delito doloso (cualquiera que sea el tipo de delito, incluyendo los que hayan establecido una mínima sanción, por tratarse de un delito no muy grave), no pueda postular a un cargo de elección popular o ejercer la función pública.
Limpiar o sanear nuestra democracia significa evitar que personas con malos antecedentes e impresentables, social y políticamente, lleguen a ejercer el poder dentro de cualquier estructura de la organización del Estado. Pues, la ciudadanía peruana no se merece verse expuesta, como lo venimos estando hasta estos momentos, a estar sometida al poder por personas que delinquieron una vez, y que de seguro, con poder político, lo volverán a hacer, y con mayores afectaciones al conglomerado social.
Podrá parecer excesiva o drástica la propuesta, pero por el panorama que venimos viviendo en estos últimos tiempos, cuya inseguridad, incremento geométrico de la corrupción (en todos los niveles), y la necesidad de, por lo menos, ir poniendo las cosas en el lugar que corresponde, se hace necesario e imprescindible comenzar a trabajar este tema.
Por si acaso, de no hacerlo, cualquier propuesta o norma legal que se produzca únicamente servirá para “populistamente” engañar a la población, dando lugar a que la democracia termine por dar pie a la demagogia, la cual genera la posibilidad de que la población, cansada de no encontrar la solución a sus problemas, termine por hacerse justicia con mano propia.
No dejemos para mañana lo que podemos comenzar a elaborar hoy, allanando el camino a una mejor convivencia nacional.

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