La prensa incomoda

Ante un reportaje periodístico que muestra detalles de la vivienda de la fiscal Marita Barreto en un balneario muy conocido, la funcionaria decidió denunciar a los periodistas del medio televisivo, calificándolos como integrantes de una banda criminal, acusándolos de delitos graves como acoso y violación de domicilio. No es la primera vez que hablamos del ataque sistemático dirigido contra la prensa que investiga a funcionarios públicos.
Atrás parecen haber quedado las querellas por calumnia o difamación; hoy se abre paso la insólita apertura de carpetas fiscales contra periodistas para detener la investigación de la prensa por funcionarios que, al parecer, no quieren ser fiscalizados, faltando así a su deber de transparencia. Pero, lamentablemente, este no es el único caso.
En los últimos años, ante investigaciones periodísticas que revelan presunta comisión de delitos cometidos por quienes tienen el alto deber de servir al país, la respuesta no es la rendición de cuentas, sino la censura y la criminalización de la labor periodística.
Este tipo de conducta en un funcionario solo logra restarle credibilidad ante el ojo público. Respetar la libertad de informar de los medios de prensa es respetar el derecho a informarse de los ciudadanos, lo cual no significa que el periodismo falte a sus deberes de responsabilidad, objetividad y veracidad, ni tampoco priva al funcionario de su derecho de accionar legalmente frente a un atentado a su honor, su reputación, su intimidad o vida privada.
Es peligroso para una sociedad democrática socavar uno de sus más importantes cimientos como es la libertad de expresión, en cuyo ejercicio la intervención estatal resulta reducida ante el interés público.
La labor incómoda del periodismo pone a prueba la capacidad de los funcionarios públicos para transparentar e informar sus acciones, pero también impone un estándar mínimo de diligencia a la labor periodística para no faltar a la verdad, dejando a salvo el derecho a rectificación de quien se considera afectado por informaciones falsas o agraviantes emitidas por un medio de comunicación, derecho que no se opone ni limita el derecho ciudadano de fiscalizar a nuestras autoridades, de pedir explicaciones sobre la disposición del poder otorgado y financiado con nuestros impuestos.
Y si criminalizar la labor periodística es inadmisible, instrumentalizar el sistema de justicia contra la violencia a las mujeres resulta indignante, más porque la denunciante es la titular de una fiscalía especializada en derechos humanos.
El mal uso del sistema judicial es una afrenta para las mujeres que ejercen cargos públicos y sufren acoso político, violencia física y psicológica, casos que se dan, sobre todo en el interior del país, cuyas denuncias frecuentemente caen en el olvido, son desestimadas y se convierten en una cifra dolorosa de corrupción e impunidad.

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