La política con legalidad y legitimidad

La política es “una forma de hacer” y, más extensamente, se entiende como la “actividad humana mediante la cual se expresa el poder”; es decir, la política siempre tiene que ver con la forma de cómo se organiza, se estructura o se ejerce el poder político dentro del conglomerado social, y cuyos efectos alcanzan a todos sus integrantes. Razón por la cual, la acción política es una actividad interhumana, por cuanto interrelaciona a las personas que forman parte de la comunidad.

Por su parte, la legalidad tiene que ver con la forma cómo se procede o cómo se toman las decisiones y, será legal, siempre que ellas se ajusten a lo establecido en el ordenamiento jurídico interno, vigente en un determinado país. Lo cual significa que, el acto será legal siempre que se cumpla lo previsto en la norma jurídica, independientemente que se pueda o no estar de acuerdo con lo que ella establece.

Y, en cuanto a la legitimidad, ella se analiza en el marco de lo sociopolítico o, lo que es lo mismo, se debe de tomar en cuenta el grado o nivel de aceptación popular que tenga el procedimiento establecido o la decisión tomada; A este respecto, el porcentaje de sintonía que el pueblo tenga con una decisión política será la que determine el grado de legitimidad.

En consecuencia, la dinámica política que resulta del funcionamiento de una sociedad podrá ser calificada como legal y legítima, siempre y cuando la autoridad correspondiente, al actuar y tomar una decisión, lo haga ajustándose o respetando lo establecido por la norma jurídica vigente y, además, dicha decisión sea mayoritariamente aceptada por la población.

En ese sentido, el ejercicio del poder político que corresponde a las autoridades de un Estado, en todos los niveles, siempre estará sujeto a ser calificado como legal o ilegal y, además de legítimo o ilegítimo, según corresponda. Lo cual significa que, por ejemplo, una decisión puede no ser legal, por cuanto no se produce en atención a lo previsto en la norma vigente, pero puede tener un alto grado de aceptación popular, haciéndola legítima la decisión.

El reciente caso de la reelección del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien no estaba constitucionalmente autorizado para presentarse para un segundo mandato presidencial consecutivo, terminó por ser legitimado, al recibir una sorprendente votación a favor, que superó el 85%, permitiéndole obtener a su agrupación política 58 diputaciones, de las 60 que conforman su órgano legislativo.

Esta realidad nos obliga a preguntarnos: ¿cómo entender el funcionamiento de una democracia, cuando la norma se deja de lado para, únicamente, hacer caso a la decisión del pueblo? Con relación a ello, se pueden tener variadas respuestas; por cierto, y con toda seguridad totalmente contradictorias. Pero, lo que sí no se puede dejar de considerar es la importancia de analizar y evaluar la dinámica política, dentro de la relación de legalidad y legitimidad.

Pues, entonces, el gran reto de las autoridades (en lo interno de un país) y las que manejan la sociedad internacional (en lo externo), es la de acercar estos dos conceptos (legalidad y legitimidad), a fin de lograr que los sistemas democráticos de todos los países del orbe, y de la comunidad que los integran, sean respetuosos de las normas vigentes, sin dejar de atender las aspiraciones de su población.

De allí, la razón por la cual la democracia no debe ser entendida solo como una forma de gobierno, sino también como una forma de vida política.

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