La organización criminal compra impunidad
Son múltiples los hallazgos resultantes de las investigaciones fiscales, de las cuales una media docena están abiertas en relación personal a Pedro Castillo. Las demás investigaciones están también vinculadas a Castillo ya que se relacionan directamente con altos funcionarios designados por él y con personas de su entorno familiar y amical más cercano.
En el caso del entorno familiar y amical más cercano del mandatario, que involucra a la cónyuge, a la cuñada-hija y a dos hermanos de éstas, las investigaciones fiscales aún preliminares ya han encontrado elementos probatorios de la existencia de una bien montada fábrica de licitaciones de obras públicas, no solo a través de consistentes encuentros en Palacio de Gobierno con contratistas, flujo de dinero entre unos y otros y posesión indebida de numerosos sellos de entidades públicas, sobre todo municipios, gobernaciones, y también de rondas campesinas, que a no dudar servían para fraguar documentos útiles para la corrupción.
Más de una vez he sostenido que una vertiente muy posible del presunto fraude cometido desde el inicio del proceso de elecciones generales del año 2021, ha tenido que ver con la suplantación de actas electorales, especialmente en aquellas zonas alejadas de las capitales de provincia, donde no llegan los observadores extranjeros, en las que se impidió, sobre todo en segunda vuelta, la participación de personeros del partido Fuerza Popular, valiéndose de amenazas provenientes de supuestos ronderos u otros grupos hostiles.
Lamentablemente, el Jurado Nacional de Elecciones se negó a ejercer sus potestades de ente de administración de justicia electoral y no investigó de modo inmediato y diligente posibilidades de fraude en mesa, denunciadas con pago de altísimas tasas (fijadas por el mismo ente electoral) y con elementos objetivos –incluso pericias– que apuntaban a actas electorales con firmas que no correspondían a los miembros de mesa según el registro de Reniec. Tampoco permitió el ente electoral el acceso al listado de electores sufragantes en cada mesa electoral, que es un documento público que contiene la firma y huella digital de cada ciudadano que se acercó a votar.
A los hallazgos del Ministerio Público se añaden los que la prensa independiente pone a la luz pública y que demuestran que en el interior del país el Poder Ejecutivo viene gastando dinero, no en obras necesarias para el bienestar de la población, sino contratando sicarios de la información, que cotidianamente mienten para ocultar la corrupción que campea en el Gobierno, victimizar a los responsables de ella y difamar a los partidos de oposición y a la propia prensa.
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