La OEA y el derecho de insurgencia de los venezolanos
Cualquier intento para sacar del poder al dictador Nicolás Maduro es absolutamente válido. La Organización de Estados Americanos (OEA), que agrupa a los 35 Estados del continente, y todos, dentro y fuera de Venezuela, lo sabemos.
Los levantamientos contra las dictaduras, tiranías, autarquías, regímenes totalitarios, corruptos e inmorales, están amparados en el derecho de insurgencia previsto en la doctrina del derecho constitucional y en la ciencia política que los legitima porque se trata de un levantamiento de naturaleza violenta contra quien detenta el poder que nadie le ha dado, es decir, técnicamente la denominada usurpación del poder.
La Constitución de Venezuela lo contempla llamándolo derecho de rebelión en sus artículos 333 y 350 –la Carta Magna peruana de 1993 lo reconoce en el artículo 46–, al prescribir que “…el pueblo de Venezuela (…) desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
Las manifestaciones por estos días en las calles de toda Venezuela llamando al derrocamiento de Maduro, entonces, están inscritas en esta justificación que relieva por su convicción de recobrar una democracia que lleva secuestrada un cuarto de siglo.
Es verdad que la oposición venezolana con Edmundo González Urrutia a la cabeza –técnicamente virtual presidente de Venezuela, y no presidente electo, porque esta calificación solo se otorga cuando el órgano pertinente (Consejo Nacional Electoral, hoy en manos de Maduro), lo declara oficialmente respecto del candidato vencedor de un proceso de elecciones limpias y transparentes, otorgando las credenciales correspondientes–, junto a María Corina Machado, han llamado a que la comunidad internacional intervenga a la luz de lo que viene aconteciendo en el país, pero también lo es que dicha intervención no podrá ser por la vía militar extranjera o exógena.
No solo porque provocaría una masacre con enorme costo en vidas humanas –al cierre de esta columna van 11 muertos desde que fuera consumado el fraude el domingo 28 de julio–, sino porque las invasiones territoriales en la sociedad internacional del siglo XXI ya están proscritas y suponen responsabilidad internacional por quienes las ejecutan como es el caso de Vladimir Putin al decidir la invasión rusa de Ucrania en 2022.
La única posibilidad de la intervención de la comunidad internacional es la de carácter económico, es decir, por medio de sanciones. Venezuela debe ser bloqueada.
Solo así el gobierno abortará porque las fuerzas internas o endógenas, incluidas las adictas chavistas que aún existen, podrían terminar volteándose en favor de la democracia.
En ese instante, a Maduro se lo va a sacar del poder, pero será por una acción democrática promovida desde las propias entrañas del chavismo-madurismo y del militarismo en sus niveles intermedios que, aunque hasta ahora se ha mostrado dominado por la cúpula de generales que dictan órdenes coactivas y coercitivas para intimidar a la población, ya comienzan a distanciarse de sus superiores, como las recientes declaraciones de dos valientes capitanes del Ejército de Venezuela, expresando que “las armas de la república están hechas para defender y no reprimir a nuestro pueblo”.
La OEA debe tomar nota de esta actitud y, por tanto, debe tener todo muy claro, es decir, que Maduro deberá dejar el poder, de allí que su pronunciamiento no podría ser otro que de condena de la dictadura por el fraude cometido. Es verdad que Maduro no será derrocado por un comunicado, pero emitirlo será indispensable para sensibilizar dentro y fuera de Venezuela sobre este objetivo planetario.
Maduro sí lo será por un levantamiento desde adentro que terminará profundamente legitimado porque será la expresión del referido derecho de insurgencia que yace consagrado en la inmensa mayoría de cartas magnas del mundo.
(*) Excanciller del Perú e Internacionalista
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