La naturaleza político-jurídica de la mentira en un Presidente

La mentira es muchísimo más relevante para la política y el derecho de un Estado –nótese que no refiero primero al derecho si no a la política–, de lo que se pueda creer, y su connotación es mayor si quién miente es un funcionario público y más aún, si lo es de la más alta jerarquía en el Estado, como pasa con el presidente de la República, porque a diferencia de los demás ciudadanos del país, que eventualmente podrían representar al Estado fuera de las fronteras nacionales, el mandatario es el único que personifica a la Nación, es decir, ésta se vuelve persona humana, única y exclusivamente en el propio presidente, hallándose la carga de la mentira en el tamaño de indignidad ciclópea y de efecto colectivo para la moral del propio Estado. Esto último debe ser muy bien aprehendido para comprender la magnitud de una mentira que, si siéndola del propio presidente, resulta de la mayor connotación para la gobernanza y para la estabilidad política del propio Estado, dado que no se trata de una mentira, digamos, piadosa o irrelevante. Si un jefe de Estado mantiene en sala de espera a su invitado haciéndole saber que se haya atendiendo una llamada internacional cuando en realidad está almorzando porque no tuvo tiempo de hacerlo en el momento adecuado, es evidente que ha mentido, pero no resultará relevante como para forjar sostenerla como una inconducta, pues nadie podría, en su sano juicio, reprocharlo por ello. Pero en el caso de la mentira relevante, se consigue falsear la realidad llevando a quien la realiza, a buscar deliberadamente un resultado según sus objetivos, a sabiendas incorrectos, porque no está construida en base a la verdad. Mientras la mentira permanece oculta es cierto que resultará irrelevante para el derecho para el cual únicamente vale o importa la conducta externa y nada más que eso, pues el derecho y la política son externos a diferencia de la moral que siempre quedará sumergida en el mundo de lo interno.

Con lo anterior, la mentira gesta el decurso de sus consecuencias, casi siempre para favorecer los planes del mentiroso y eso es lo que resulta reprochable. De allí que una vez desnudada la mentira, entonces, se activa la censura, luego cobra forma el referido reproche social, y finalmente, aparece inexorable el rechazo político, que es cuando surge la evidencia incontrastable de que realmente se produjo la mentira, volviéndose irresistible e insoportable, sin espacio para la tolerancia, y lo que es más grave, completamente debilitando al mandatario porque nada que haga o diga será creíble, desestabilizando el destino político del Estado. Por la mentira se busca sorprender a la opinión pública, casi siempre ofendida, que tiende a rechazar la inconducta, dominada por la ira, que es un enorme riesgo social y político para el propio Estado. La mentira en un mandatario es una inconducta que produce desprecio social y jurídicamente la necesidad de concluir en el castigo, que no es otra cosa que forjar la sanción jurídica, y su lógica consecuencia, que es la pena. Hay un camino para neutralizar la mentira: recurrir con sinceridad al perdón social. Es efectivo casi siempre cuando es inmediato. Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos de América, antes que decidirse por negar sistemáticamente su relación sentimental con la exbecaria, Mónica Lewinsky, recurrió al perdón ciudadano, y políticamente le fue concedido, logrando salir airoso del entuerto, manteniéndose en el cargo hasta el final de su segundo mandato en 2001. También existe la atenuación de la mentira confirmada, si acaso importa el impacto de la censura social nacional: la renuncia. Pasó también en Estados Unidos, al presidente Richard Nixon, para mi gusto el mejor de las últimas décadas del siglo XX de ese país, que antes de ser destituido por el Congreso, por el famoso escándalo del caso Watergate, se decidió por la renuncia. Finalmente, pasar por alto la mentira, puede ser para un Estado muchísimo más riesgoso que negarla.

Excanciller del Perú e internacionalista*

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